El Gobierno aprobará este mes la reforma educativa sin cambios fundamentales

Madrid, 10 may.- El Consejo de Ministros aprobará este mes la reforma educativa sin cambios fundamentales, ya que los elementos esenciales están cerrados, según ha subrayado hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Ha precisado que el gabinete no ha enviado hoy el proyecto al Parlamento, como había previsto el Ministerio de Educación, debido a que la propuesta legislativa tenía "unas observaciones" que han de resolverse antes de aprobarse en Consejo de Ministros, lo que podría ocurrir el viernes próximo, según fuentes gubernamentales.

"Hay algunos aspectos en la memoria económica que destacó el Consejo de Estado y que se están fortaleciendo", ha comentado en la rueda de prensa posterior al Consejo.

También ha dicho que queda por cerrar "de qué manera podemos mejorar la financiación de la ley en el nuevo marco financiero plurianual".

Entre otros puntos, aunque no ha citado ninguno en concreto, el dictamen consultivo del Consejo de Estado entiende que el Gobierno debe clarificar los costes efectivos de la ley y la fijación de los "compromisos en el tiempo para su financiación".

Además, ha mencionado la vicepresidenta la posibilidad, en colaboración con el Ministerio de Empleo, de que algunos aspectos novedosos de la FP cuenten con fondos europeos con vistas a una mayor dotación.

Preguntada por la regulación del aprendizaje en castellano en las comunidades con lengua cooficial y, más concretamente, en Cataluña, ha respondido:

"Este Gobierno va a garantizar, a través de la ley, la libertad que establece la Constitución, reconocida por el Tribunal Constitucional", lo que se hará con "los mecanismos pertinentes que permiten lograr el objetivo esencial" de recibir la educación "en la lengua que han decidido" los ciudadanos.

Ha añadido que la Administración central ha procurado "especialmente" con Cataluña escuchar sus alegaciones, pero que el Gobierno tiene que "garantizar el cumplimiento de la Constitución y las sentencias de los tribunales".

Según uno de los puntos más controvertidos del anteproyecto, "excepcionalmente" los padres de esas comunidades podrán matricular a los hijos en centros privados si no existe oferta pública o concertada de enseñanza en castellano, y corresponderá a la administración educativa sufragar los gastos.

Sáenz de Santamaría ha afirmado que el hecho de que no se haya aprobado hoy la reforma no significa que sea un éxito de las movilizaciones de ayer.

"Uno puede decir que es mérito mío; pero no, porque dentro de una semana, cuando se apruebe, no lo será, aunque cada uno puede hacer la lectura que sea", ha comentado.

En esta línea, ha agradecido el trabajo del ministro José Ignacio Wert frente a la petición de dimisión por parte de los sindicatos, padres y estudiantes de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública.

Wert tiene encomendada "una de las tareas más importantes de este Gobierno", a la que está dedicado "en cuerpo y alma", ha subrayado.

No obstante, ha comentado que se buscarán "apoyos" y se estudiarán las enmiendas de la oposición que, en su caso, pudieran aceptarse en la tramitación parlamentaria.

Lo primero es cumplir con los cambios educativos que son "imprescindibles" porque "no salimos bien en ningún índice -educativo- medianamente importante", en referencia a las elevadas tasas de fracaso y abandono escolares y los resultados de PISA, además del desempleo juvenil.

"No he encontrado ningún argumento que diga que es mejor seguir con lo que tenemos cuando está provocando lo que estamos viviendo", ha argumentado.

Al igual que el resto de la oposición, el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha vuelto a pedir la retirada de la reforma, ya que el PSOE cree que sustenta los "recortes" y "segrega" al alumnado, "enfrenta" a la escuela pública y la concertada y va "contra" la igualdad de oportunidades.

"Wert tiene una nueva oportunidad para empezar de cero, plantear un nuevo texto y contar con los grupos parlamentarios", ha sintetizado el portavoz de educación de CiU, Martí Barberà.

Las comunidades que gobierna el PP han elogiado el aplazamiento de la aprobación porque, entre otros motivos, muestra una "voluntad de encontrar puntos de acuerdo", según la consejera de Educación aragonesa Dolores Serrat.

Por el contrario, la consejera andaluza, Mar Moreno, ha pedido un aplazamiento "sine die" para abrir un diálogo "sincero", mientras que catalana, Irene Rigau, ha augurado un "breve recorrido" de la ley si carece de consenso. EFE

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