El Gobierno aprueba la Ley de Seguridad Ciudadana con algunas recomendaciones de AI, Oxfam y Greenpeace

Este viernes el Gobierno ha aprobado la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como 'Ley Mordaza', una ley que ha sido muy controvertida. Ha levantado ampollas desde que se anunció, el pasado mes de noviembre, y la polémica se ha enfocado en la serie de conductas que pretende sancionar. No obstante, fuentes del Ministerio confirmaron, antes de presentarla en Consejo de Ministros, que se habían incluido algunas de las recomendaciones de los diferentes órganos consultivos, entre ellos organismos como Amnistía Internacional, Oxfam Intermón o Greenpeace.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha sido el encargado de presentarla. Entre las medidas aprobadas se encuentran la regularización de las identificaciones, que dejarán de ser indiscriminadas y por razones étnicas, las retenciones, que pasarán a tener una duración máxima de seis horas o las contramanifestaciones o cualquier tipo de intento de impedir una manifestación, que serán sancionadas.

En la medida que regula las retenciones y las limita a seis horas, por ejemplo, Fernández Díaz ha asegurado que ha escuchado las recomendaciones de organismos de la sociedad civil. "Se dirigieron a nosotros, pudieron vernos les atendimos y, efectivamente recogimos algunas de sus observaciones", explicó. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la expedición de un volante acreditativo que demuestre a las personas retenidas "a los efectos que proceda", la aplicación del principio de proporcionalidad como respuesta a la petición para que la disolución de las manifestaciones "sea la última medida que se tome" y el principio de no injerencia en cuanto a los cacheos e identificaciones.

En este sentido, los tres organismos, Greenpeace, Oxfam Intermón y Amnistía Internacional, han considerado positivo el hecho de que se hayan incluido, según un comunicado expedido por los tres órganos conjuntamente a propósito de la ley, las recomendaciones sobre el principio de no injerencia y el de proporcionalidad. También han considerado positivo que la disolución sea la última medida que se tome en las protestas y el hecho de que no se haya aumentado la cuantía de las multas.

No obstante y aunque todavía van a analizar el texto con detalle, han lamentado el hecho de que "el Ministro no haya mencionado o no haya incluído aspectos que son fundamentales como la introducción de mecanismos de control de la actividad policial y de rendición de cuentas. Tampoco se ha hecho mención al uso no autorizado de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad o a cómo queda el aspecto de las infraestructuras críticas o la infracción de escalamiento", han añadido.

Además Greenpeace, una de las organizaciones que ha emitido sus recomendaciones, junto a Amnistía y Oxfam Intermón, considera que el Gobierno ha cumplido poco. "Ha matizado que muchas de las demandas que nosotros hicimos coincidían con recomendaciones que han hecho otras instituciones", asegura Sara del Río, en referencia a las recomendaciones que sí se han tenido en cuenta. "El texto se ha modificado porque se han detectado muchas irregularidades y defectos de forma. Entendemos que han escuchado nuestras demandas pero la gran mayoría, en el caso de Greenpeace, no han sido incluidas", añade.

Del Río ha remarcado que, aunque sí se ha modificado la norma desde el texto original, presentado el pasado mes de noviembre, "esta nueva ley de seguridad incluye conductas vinculadas a la conducta pacífica que serán sancionables" como la protesta que la misma organización ha llevado a cabo esta mañana, subiéndose al faro de la Moncloa, y "para los movimientos sociales, sigue siendo una ley represora". Así, como consecuencia, han convocado, junto a la organización No somos delito una protesta a las 19:00 de la tarde en la plaza de Colón.

En cuanto a la ley, Del río ha remarcado que pocas diferencias ha habido en la rueda de prensa de este viernes con la de la presentación de la norma, en noviembre. "Es el mismo discurso del día que mandó el primer texto, a pesar de que ha sufrido serias modificaciones, porque estaba cargado de errores", ha explicado.

"Pero el mensaje sigue siendo el mismo, lo que quiere es repetir el discurso de argumentar y justificar una ley (que sirve) para poner pegas y dificultar la protesta pacífica", ha lamentado Del Río.

El sólo hecho de que se haya aprobado ya ha levantado la ira de Greenpeace, que considera que "esta ley no responde a una necesidad" por lo que "no tiene sentido". "Para nosotros el problema está en la ley en sí", asegura Sara del Río, portavoz de Greenpeace. En este sentido, también han denunciado que no hayan recibido el texto final antes de presentarse en el Consejo, algo a lo que se había comprometido el Consejero de Estado. "Fue una de las primeras cosas a las que se comprometieron, compartir con los órganos el texto final, y no lo han hecho", asegura. Por eso no han podido conocer el contenido de la reforma hasta la rueda de prensa que se realizó después del Consejo.

Desde Greenpeace aseguran que, aunque incluyan algunas de las recomendaciones, la medida en sí "sigue siendo un texto represivo" porque "maximiza un riesgo que no existe". Asimismo, han denunciado también que la ley está basada únicamente en la prevención, hasta el punto de que "se permiten redadas cuando hay sospechas de que alguien puede cometer una infracción". Así, han denunciado que esta nueva norma "está más centrada en reprimir las manifestaciones que en mantener la seguridad internacional".¿Cuáles fueron las recomendaciones de estos organismos?

Amnistía Internacional, Greenpeace, y Oxfam Intermón fueron algunos de esos órganos que presentaron sus propuestas al jefe del gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, recomendaciones éstas no sólo a la Ley Mordaza sino a todo el paquete de medidas de austeridad.

Una de las medidas que forman parte del decálogo que presentaron las tres organizaciones es la que hace referencia a esta nueva Ley Mordaza y piden, concretamente que se garantice que "ni la reforma del Código Penal ni la reforma de la Ley Ciudadana limiten el derecho a la manifestación pacífica de manera injustificada y contraria al Derecho internacional".

Las tres organizaciones y, en mayor medida, Greenpeace, que ha realizado numerosas acciones desde que se planteó el proyecto de ley, siendo la última este mismo viernes, durante la mañana previa a la presentación de la reforma en el Consejo de Ministros, consideran que se ha producido un uso excesivo de la fuerza y los malos tratos por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Desde la organización han lamentado que las denuncias interpuestas en estos casos no hayan sido investigadas de forma exhaustiva, imparcial y efectiva. En este sentido, la recomendación de los organismos fue que se garantizasen estas investigaciones, se hiciesen públicas y se garantizasen los procedimientos disciplinarios y penales si fuera necesario contra los agentes.

Asimismo, también denunciaron el hecho de que se sobreseyeran procesos judiciales por la falta de identificación del policía "a pesar de haber quedado constatada la agresión" y que no se hayan hecho públicos los resultados "de las investigaciones internas a agentes en el marco de las cargas policiales ocurridas tras la manifestación frente al Congreso del 25 de septiembre".

En este sentido, las tres organizaciones también pidieron que la Policía llevara la debida identificación de manera visible, como ya exige la Ley para evitar que se repita la posibilidad de que se cometan abusos sin poder rendir cuentas.

Además, habían pedido que se llevaran a cabo medidas concretas y contundentes para evitar estigmatizar a determinados colectivos, como ocurre con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), a la que han acusado de pertenecer a "organizaciones filoetarras" o de "utilizar prácticas nazis".