Londres, 3 jun.- El Gobierno británico anunció hoy que legislará para crear un registro obligatorio de grupos de presión y empresas que hacen actividades de "lobby" para evitar conflictos de interés en el Parlamento.
Un portavoz de Downing Street informó de que el proyecto de ley se presentará a trámite parlamentario antes del receso del verano y regulará, además, la manera de computar el número de afiliados de los sindicatos y de medir las contribuciones a las campañas electorales.
En cuanto al cabildeo, la legislación obligará a inscribirse a todas aquellas personas que reciban dinero de terceras partes por hacer presión política, así como su lista de clientes.
Las personas o empresas que no se incluyan voluntariamente en el registro afrontarán multas, indicó el portavoz.
El Ejecutivo británico encabezado por el conservador David Cameron impulsa la aprobación de esta ley -un compromiso de la coalición de Gobierno que hasta ahora no se había materializado- después de que la semana pasada un diputado y tres lores fueran acusados de tráfico de influencias.
El diputado conservador Patrick Mercer dimitió el viernes de su formación, después de que el rotativo "The Daily Telegraph" y la BBC revelaran que había aceptado dinero por defender en la Cámara de los Comunes el reingreso de las islas Fiji en la Commonwealth (mancomunidad de excolonias y protectorados británicos), de donde fueron expulsadas en 2009 por falta de democracia.
Otra investigación del periódico "The Sunday Times" acusó paralelamente a tres lores -un unionista y dos laboristas- de aceptar pagos por interceder en la Cámara de los Lores a favor de una supuesta empresa surcoreana de energía solar.
El lord norirlandés John Laird dimitió del Partido Unionista del Ulster, mientras que lord Jack Cunningham y lord Brian Mackenzie de Framwellgate fueron suspendidos por el Laborista.
Todos mantienen de momento su escaño como independientes, si bien podrían verse obligados a renunciar si aumenta la presión, mientras sus casos son investigados por el comisario de estándares parlamentarios.
La ley anunciada hoy por el Gobierno obligará a registrarse a las empresas y grupos de presión con interés en influir en la política y en la promulgación de leyes.
Actualmente, los diputados y lores ya están obligados a declarar posibles conflictos de interés y a detallar el dinero que perciben al margen de sus funciones en el Parlamento.
Paralelamente, tienen prohibido lucrarse en su actividad parlamentaria.
Ante el escándalo provocado por los recientes casos, el Gobierno se apresuró hoy a anunciar esta legislación, que, según los detalles adelantados, afectará también a los sindicatos.
Estos deberán efectuar auditorías anuales del número de afiliados y demostrar la veracidad de sus cifras, que serán inspeccionadas por un oficial, pues son clave cuando se celebran votaciones para hacer huelga.
Además, se les obligará a incluir más elementos, como el alquiler de locales o el pago de empleados, al contabilizar su contribución a las campañas electorales (en general, al opositor Partido Laborista, al que están vinculados), de forma que tendrían menos margen antes de llegar al tope permitido.
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