El Gobierno clasificará a las administraciones en un ránking de transparencia

Madrid, 14 may.- El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha apostado hoy por elaborar ránking oficiales comparativos de transparencia entre las administraciones públicas, como "incentivo" para que sus gobernantes cumplan con las obligaciones de la futura ley de transparencia.

Convencido de que en este ámbito -salvo en casos de incumplimiento flagrante- se va a "ganar más con la zanahoria que con el palo", el autor del proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno ha defendido la posibilidad de introducir incentivos en la norma, en lugar de sanciones, como reclaman algunos expertos.

"Creo más en el incentivo, sobre todo para los políticos, que en el castigo", ha explicado Ayllón en un coloquio sobre la futura ley organizado por Abante Consultores, que ha compartido con uno de esos expertos, el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano.

El secretario de Estado ha asegurado que "no hay mayor castigo" para un político que ver, por ejemplo, cómo su ayuntamiento es el último en un ránking comparativo y que eso es "mucho más importante para él que una multa al responsable local de transparencia".

Según ha esbozado, el ránking lo elaborará la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios, organismo adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que se encargará de velar por el cumplimiento de la norma.

Esta clasificación permitirá saber a los ciudadanos cuáles son las administraciones que están dando más información y mejor, o que están respondiendo en menos tiempo, entre otros indicadores.

A dos días de la reunión que mantendrá con los grupos parlamentarios para lograr una ley pactada, Ayllón ha rechazado su demanda -compartida por Transparencia Internacional- de que sea un organismo independiente del Gobierno el que haga el papel de árbitro en los conflictos y vele por el cumplimiento de la ley, si bien ha aceptado la idea de que su presidente sea elegido por el Parlamento.

Ayllón ha dicho que le "hubiera encantado crear un Consejo Nacional de la Transparencia", pero que en estos momentos sobran organismos públicos y que no es posible crear uno desde su Ministerio.

La solución ha sido "dotar de un poco más de contenido" a una agencia que ya existe, la Agencia de Evaluación y Calidad de los Servicios (Aeval), que depende de Hacienda y Administraciones Públicas.

Para elegir al nuevo responsable será precisa una "votación en el Parlamento", ha apuntado Ayllón, sin precisar que tipo de mayoría se requeriría.

También se ha mostrado dispuesto a introducir en el sistema de elección del presidente que éste pueda ser cesado por la mayoría absoluta del Parlamento y que su mandato no coincida con el tiempo de una legislatura.

En la reunión del próximo jueves -a la que no asistirá ningún diputado de UPyD-, el secretario de Estado insistirá en su oferta de "consenso" y en su idea de que ésta es una "ley de todos", en la medida en que obliga a todas las administraciones y todos los partidos con representación parlamentaria tienen responsabilidades de gobierno en alguna de ellas.

Por el momento, el principal consenso radica en extender su ámbito de aplicación a la Casa Real, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y todas las entidades privadas que reciben una parte sustancial de financiación pública.

Al contrario de lo que ha expuesto algún experto ante la Comisión Constitucional del Congreso, Ayllón cree que la aplicación de la ley de transparencia "no va a ser cara", aunque ha reconocido que desconoce cuánto costará.

A este respecto, ha apuntado que "obligará a poner algún funcionario más" a departamentos que ya existen y que "generará un plus de esfuerzo a algunos funcionarios para poder agrupar información que ya existe y ponerla a disposición de los ciudadanos".

En su opinión, lo más costoso es el Portal de la Transparencia, que se está haciendo "desde dentro" y que si les "sale bien" podrá llegar a acuerdos con otras administraciones para que aprovechen el trabajo.