Waldheim García Montoya
Sao Paulo, 6 nov.- El Gobierno de Brasil y la administración de Sao Paulo unieron hoy esfuerzos y definieron una estrategia para frenar la ola de violencia que se intensificó en las últimas semanas en la mayor ciudad del país.
El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, y el gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, anunciaron la adopción inmediata de un plan conjunto, que fue negociado a iniciativa de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, quien ofreció la ayuda de las fuerzas federales la semana pasada.
Cardozo señaló en una rueda de prensa que la situación de violencia y seguridad pública del país "tiene que ser tratada como una política de Estado", independiente de que la administración paulista esté en manos del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
Entre las medidas adoptadas este martes destaca la creación de un centro integrado de inteligencia que coordinará el trabajo de las fuerzas de seguridad regionales y federales y la formación de un comité interdisciplinario para evaluar, a partir de la próxima semana, las acciones de los dos Gobiernos.
Entre enero y septiembre se registraron 982 asesinatos de civiles, un 22 por ciento más que el mismo período del año pasado, según los datos más recientes de la secretaría regional de Seguridad Pública.
Del total de fallecidos, 41 víctimas se registraron en trece matanzas, según las autoridades de este estado donde viven cerca de 40 millones de habitantes.
La situación más alarmante se presentó en septiembre, cuando se registraron 135 muertes violentas, que suponen un incremento del 96 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado.
La ola de violencia, que se ha recrudecido en las últimas semanas, también se ha cobrado la vida de 90 policías, la mayoría fuera del acto de servicio.
Casi la mitad de los homicidios de esos agentes policiales, de acuerdo con las autoridades, tienen indicios de asesinato por encomienda.
A pesar del aumento de la violencia, el Gobierno descartó la movilización del Ejército en las favelas paulistanas donde operan las bandas armadas.
Cardozo justificó que el estado de Sao Paulo cuenta con 130.000 policías militarizados y 30.000 agentes de la Policía Civil, un número que consideró suficiente para combatir el crimen organizado.
El plan oficial también contempla el aumento de la vigilancia policial contra el narcotráfico en puertos, aeropuertos y en las carreteras que conectan Sao Paulo con las regiones fronterizas por donde llega la droga.
Otra medida aprobada hoy fue el traslado de los presos que estén implicados en el asesinato de policías a cárceles de máxima seguridad federales, según explicó Alckmin.
Las autoridades creen que los cabecillas de las bandas de narcotraficantes dirigen desde las cárceles la ola de ataques contra policías que se han intensificado en las últimas semanas.
Una orden similar, tomada en mayo de 2006, para trasladar a cárceles federales a los líderes de la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC) desató una ola de violencia que terminó con cerca de 300 asesinatos, graves disturbios en la ciudad y rebeliones en la mayoría de las cárceles del estado.
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