Panamá, 22 ene.- El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá pidió la detención preventiva de Luis Cucalón, exdirector de Ingresos del Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), a quien responsabiliza de causar un perjuicio al Estado por más de 47 millones de dólares.
El MEF acusó a Cucalón de "falsedad ideológica" en una querella penal, en la que pide su detención, a la que tuvo acceso hoy Efe.
La querella penal fue presentada el pasado lunes por el abogado del MEF, Diógenes de la Rosa, quien detalla que Cucalón, en su calidad de funcionario, hizo introducir "un documento falso" en el pacto que suscribió con la empresa Cobranzas del Istmo para justificar la contratación directa de la misma.
La consumación de este delito "amerita la pena mínima de cuatro años de prisión", señala el querellante.
Según de la Rosa, el ex director general de Ingresos y exadministrador de la fenecida Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP) cometió el delito de falsificación ideológica de documento público "al hacer insertar, como autor del delito enunciado, una declaración falsa" en la que se decía que se había autorizado la excepción de acto público y autorización de contratación directa.
Cobranzas del Istmo recibió el 25 de agosto de 2010 el contrato que le autorizaba a cobrar impuestos con más de un año de morosidad, lo que le significó recibir comisiones por más de 47,12 millones de dólares hasta abril de 2014, "todo ello producto de la comisión del delito" del que se hace responsable a Cucalón.
Por ello, el MEF pide a la Fiscalía que se someta a declaración indagatoria a Cucalón y se le imponga la detención preventiva por la "gravedad" de sus conductas y el perjuicio que ocasionaron al Estado.
De la Rosa anuncia que se reserva el derecho de ampliar la querella y aportar más evidencias testimoniales, periciales o documentales a las diez ya presentadas.
Cucalón comenzó como director de Ingreso en 2009 y luego se convirtió en 2013 en el primer administrador de la ANIP, desde donde instruyó auditorías contra críticos al Gobierno de Martinelli, incluidos opositores, periodistas y empresarios críticos contra su administración.
La Corte Suprema de Justicia declaró a mediados de 2014 la inconstitucionalidad de la creación de la ANIP, por atribuirse funciones exclusivas del presidente del país.
Ello derivó en una gestión para anular el contrato con Cobranzas del Istmo por parte del MEF, a lo que se resistió la empresa con recursos legales, todos rechazados administrativamente y judicialmente.
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