El gobierno impulsa una nueva normativa de contratos en el sector público para mejorar la transparencia y la competencia

El Consejo de Ministros analizó este viernes dos informes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre los anteproyectos de Ley de Contratos del Sector Público y de Contratos en los sectores específicos del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
Los anteproyectos se someterán a diversos trámites e informes preceptivos antes de su remisión por el Consejo de Ministros a las Cortes Generales.
Estos dos anteproyectos incorporan a la legislación española las tres directivas comunitarias sobre contratación pública que fueron publicadas el mes de marzo de 2014.
En concreto, con las estas normas se introduce un nuevo procedimiento de adjudicación denominado de "asociación para la innovación", para aquellos casos en que resulte necesario realizar actividades de I+D en obras, servicios y productos, para su posterior adquisición por la Administración.
Los candidatos seleccionados realizarían las actividades de I+D requeridas y se adjudicará finalmente el contrato al que ofrezca la mejor relación calidad-precio.
Además, se amplía el ámbito subjetivo de la ley que, en determinadas circunstancias y supuestos, se aplicará a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, cuando su financiación sea mayoritariamente pública.
Por otra parte, se apuesta por la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos contemplados en la ley.
También, y con el objetivo de reducir las cargas administrativas, se generaliza el uso de las llamadas "declaraciones responsables", en las que el empresario simplemente manifiesta que cumple los requisitos para acceder a la licitación, sin necesidad de presentar documentación justificativa hasta el momento en que resulte adjudicatario del contrato.
Para conseguir una mayor transparencia, el Gobierno restringe el denominado "procedimiento negociado" (que no tiene publicidad), eliminando el motivo de la pequeña cuantía del contrato dentro de los supuestos que hoy día permiten su utilización.
Sin embargo, para no perder las ventajas de agilidad que tiene este procedimiento, se crea uno nuevo, el Procedimiento Abierto Simplificado, en el que la duración del proceso de contratación será de alrededor de un mes, pero que, sin embargo, será transparente, con publicación obligatoria en Internet.
Con la reforma se fomenta e impulsa la competencia a través de diversos mecanismos como la introducción de un incentivo para que los contratos se dividan en lotes y se crea en el seno de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado un Comité de Cooperación.
En él que participarán comunidades autónomas y entidades locales, y será un órgano de “encuentro, cooperación y unificación de criterio”, así como de recopilación de información para elaborar el informe de supervisión que debe remitirse cada tres años a la Comisión Europea.