Dublín, 16 nov.- El Gobierno irlandés dará a conocer el próximo día 27 las conclusiones de un informe elaborado por un grupo de expertos sobre el aborto, un mes después de la muerte de una mujer a la que se denegó la interrupción de su complicado embarazo.
Savita Halappanavar, de 31 años y embarazada de 17 semanas, falleció de septicemia en un hospital de Galway (oeste del país), después de que los médicos se negaran supuestamente a practicarle un aborto alegando que la ley impedía acabar con la vida del feto mientras su corazón latiera, pese a que su salud se estaba deteriorando.
El primer ministro irlandés, el conservador Enda Kenny, confirmó hoy que el trabajo de la comisión de expertos, presidida por el juez Seán Ryan, podrá ser analizado por el Parlamento nacional y "por todo el mundo", aunque advirtió de que su Ejecutivo de coalición entre el democristiano Fine Gael y los laboristas no tomará decisiones apresuradas.
La muerte de Savita ha avivado en Irlanda el debate sobre la ley del aborto, una de las más restrictivas de la Unión Europea (UE) y duramente criticada por los tribunales comunitarios.
El aborto es ilegal en este país menos cuando la vida de la madre corre peligro, excepción que, no obstante, nunca ha sido refrendada por los legisladores ni incluida en la Constitución, por lo que queda expuesta a la interpretación.
En este sentido, el viceprimer ministro irlandés, el laborista Eamon Gilmore, ha asegurado que el Gobierno quiere acabar con esta incertidumbre legal, lo que podría llevar a convocar un referéndum sobre el aborto.
De momento, el Departamento de Sanidad (HSE, en sus siglas en inglés) ha iniciado una investigación sobre la muerte de Halappanavar, cuyo marido ha revelado que, ante su insistencia para que se la practicase un aborto, los médicos también justificaron su negativa recordando que Irlanda "es un país católico".
La mujer falleció el pasado 28 de octubre tras sufrir un aborto involuntario en un hospital de Galway y los médicos procedieron a la extracción del feto inerte.
El rechazo de los irlandeses en dos consultas populares celebradas en los últimos veinte años sobre este asunto no han logrado incorporar a la Constitución una resolución judicial de 1992 que permite la interrupción del embarazo en ciertas circunstancias.
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