El gobierno mejorará la competencia en el sector funerario

El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al informe del Ministerio de Economía y Hacienda sobre el anteproyecto de Ley de Servicios Funerarios, que tiene como finalidad mejorar la competencia en el sector.
Esta iniciativa prevé garantizar el libre acceso a las actividades funerarias y su ejercicio, la libertad de elección de prestador por parte de los usuarios de servicios funerarios y la aplicación de prácticas que eviten la aparición de riesgos para la salud pública.
Este anteproyecto, según Economía, actualiza y moderniza la regulación de los servicios funerarios, y afecta principalmente a la eliminación de barreras de entrada y de ejercicio, "lo que que tendrá un significativo impacto sobre la mejora de la competencia en el sector y de la calidad del servicio y sobre la reducción de cargas administrativas".
En cuanto a las novedades, se eliminan requisitos innecesarios o desproporcionados para el acceso a la actividad, como el número mínimo de vehículos y personal, salas de velatorio o la acreditación de solvencia financiera.
Igualmente se elimina la prohibición de trasladar un fallecido hasta pasadas las 24 horas del fallecimiento, y la exigencia de que los traslados deban realizarse por empresas autorizadas en los municipios donde se produce el fallecimiento o donde
va a producirse la inhumación o incineración.
La eliminación de estas autorizaciones y requisitos tendrá un significativo impacto sobre la competencia efectiva y supone una reducción de cargas administrativas que se estima en 18,3 millones de euros.
En este sentido, el 8% del ahorro total anual calculado beneficia a las empresas en el momento de su creación, por tratarse de la eliminación de trámites y requisitos relacionados con el acceso a la actividad.
El 92% restante deriva de la eliminación de trámites asociados al ejercicio de la actividad de servicios funerarios.
Asimismo, el texto hace especial hincapié en la mejora de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios de los servicios, al aumentar las obligaciones de información y transparencia en materia de precios y hacer explícito el derecho a la libertad de elección.