Madrid, 25 oct.- El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) ha pedido a Greenpeace una "rectificación urgente e inmediata" del informe en el que la organización ecologista acusaba a España de permitir la pesca ilegal y de dar ayudas a empresas armadoras que incumplen las leyes.
El MARM ha enviado a Greenpeace una carta, a la que ha tenido hoy acceso Efeagro, en la que muestra su rechazo y califica de falsas las acusaciones que el grupo ecologista formuló en su documento "Investigación en el Océano" sobre la gestión de la pesca por parte de la Administración española.
La carta está firmada por la secretaria general del Mar, Alicia Villauriz, quien desmiente "rotundamente" las afirmaciones de Greenpeace contra el Gobierno, en las que alegaba que era permisivo con la actividad ilegal.
"Son unas acusaciones que no obedecen a la verdad en ningún caso", según Villauriz, quien añade que, además de ser "graves, parecen buscar el sensacionalismo y dicen poco en favor de la credibilidad del informe".
El documento publicado por Greenpeace indicaba, como ejemplo, la concesión de ayudas a la empresa Vidal Armadores, sancionada por malas prácticas, y aludía a la falta de rigor en la supervisión de la información sobre las pesquerías.
El MARM insiste en que las ayudas otorgadas al sector pesquero son legales y se reparten de acuerdo con los criterios de la Política Pesquera Común (PPC).
Rechaza los argumentos ecologistas sobre el efecto incentivador que tienen los apoyos en la presión pesquera.
"Su utilización de los datos, ligándolos a una supuesta permisividad el Gobierno frente a la pesca ilegal, así como a una proyección sobre el posible estado de los recursos, distorsiona claramente la realidad y es una clara tergiversación, porque en absoluto se corresponde con los datos científicos", según la carta.
La misiva del MARM insiste en que el 60 % de los apoyos al segmento pesquero español se ha dirigido a la acuicultura, la mejora de la transformación de los productos pesqueros y la diversificación de la actividad en regiones dependientes de la pesca, y el 40 % restante a la reestructuración (desguace) y modernización de la flota.
Respecto al caso concreto de Vidal Armadores, Villauriz precisa que tras las investigaciones pertinentes fue sancionada con una multa de 150.000 euros, junto con la suspensión de permisos y licencias, y la imposibilidad de obtener préstamos o subvenciones en dos años.
El MARM, además, discrepa de las cifras que Greenpeace ofrece sobre las existencias pesqueras mundiales excesivamente explotadas.
Recalca que la flota española, con 10.847 buques, representa "el 14 % del total comunitario" y su importancia mundial se "limita al 0,39 % del total de barcos", y en cuanto a las capturas, España ocupa el puesto 22, con un 0,9 % del total global.
Añade que la mayoría de los países no tienen una legislación tan clara contra la pesca ilegal como la Unión Europea (UE).
El MARM lamenta el trato de Greenpeace al sector español y afirma que las ONG "podrían realizar una importante labor investigando y denunciando a Estados que no ejercen sus jurisdicciones eficazmente", donde los barcos se abanderan, y "perseguir" prácticas ilegales que pueden cometer "empresarios pesqueros de cualquier nacionalidad.
Critica el "desconocimiento" de Greenpeace sobre las auditorías a los subsidios en España, pues según resalta se han sometido a más de 2.000 controles desde el año 2000 y, desde entonces, "no ha habido ninguna denuncia relacionada con ayudas indebidas" por pesca ilegal.
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