El gobierno podrá enviar funcionarios de incógnito para controlar cómo se comercializan los seguros

El Consejo de Ministros aprobó este viernes el proyecto de Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, que se remite a las Cortes para su tramitación parlamentaria.
La norma contempla la posibilidad de llevar a cabo un control de las prácticas de comercialización de los seguros por parte de las compañías. Lo llevarán a cabo funcionarios de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones sin necesidad de identificarse previamente, lo que conoce como ‘mystery shopping’.
Así lo explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde señaló que la idea es que los funcionarios “puedan ir a contratar un seguro y, sin dar a conocer que son funcionarios, saber si de verdad se informa a los clientes como se debe”.
La 'número dos' del Ejecutivo indicó que se trata de una “reforma estructural importante” en el sector de los seguros. “Se busca construir un nuevo marco que garantice la solvencia de estas entidades”, dijo la vicepresidenta, quien agregó que además se incorpora al marco jurídico español la directiva Solvencia II, que “favorece la competencia y eficacia” de estas compañías, lo que beneficia al consumidor.
Así, se quiere proteger mejor los derechos de los tomadores, asegurados y beneficiarios, y se promueve la transparencia en el mercado del seguro, lo que contribuirá a la estabilidad del mercado financiero.
En concreto, la norma fija una nueva metodología para asegurar la solvencia de estas entidades, se incorporan nuevas exigencias en materias como la valoración de activos y pasivos, y se les obliga a presentar con periodicidad anual un informe sobre su situación financiera.
Con ello, dijo Sáenz de Santamaría, “se trata de minimizar las posibilidades de insolvencia, especialmente, en escenarios económicos adversos”. Para realizar los cálculos de probabilidades y de eventuales situaciones económicas desfavorables, se requiere de una adaptación que se producirá a lo largo de este año.
En materia de gobierno corporativo, el proyecto del Ejecutivo busca fortalecerlo en el caso de estas compañías.
Por otra parte, se introducen “mejoras” en la supervisión. De esta manera, se incorporan modificaciones en el régimen de revocación de las autoridades administrativas y de la disolución y liquidación de estas entidades.