El gobierno promete una ley de transparencia y buen gobierno para este semestre

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció este martes que el Consejo de Ministros aprobará en el primer semestre de 2012 el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno para que llegue al Congreso "en este periodo de sesiones".
Durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso, Sáenz de Santamaría denunció que España es "uno de los pocos países de Europa, junto con Chipre, sin una legislación concreta sobre transparencia".
Aseguró que esta Ley de Transparencia y Buen Gobierno constituye una "prioridad" con el propósito de "elevar a rango de Ley un derecho de los ciudadanos, una obligación de las administraciones y, sobre todo, la responsabilidad de los gestores públicos".
Sáenz de Santamaría adujo que el nuevo Gobierno pretende reconocer "el derecho de los ciudadanos a saber y conocer lo que sucede en la Administración" y "la obligación de la Administración de contárselo y enseñárselo" para generar confianza en la calle.
"Con esta Ley impulsaremos que la Administración haga pública cada vez más información, de oficio; es decir, sin que nadie la demande. Y al mismo tiempo estableceremos un procedimiento claro para que todos los ciudadanos puedan acceder a las informaciones que no estén publicadas", dijo.
La vicepresidenta explicó que esa peticiones se gestionarían "a través de un Portal Digital de la Transparencia, al que los ciudadanos podrán dirigir su solicitud y del que recibirán la información".
Se trataría de "una verdadera ventanilla de información de la Administración General del Estado" desde la idea de que "al ciudadano no se le puede dar un derecho y luego hacerlo inalcanzable a base de complicaciones".
Sáenz de Santamaría reconoció que esa Ley de Transparencia tendrá "lógicamente limitaciones al acceso" y consistirá en "una lista cerrada" en determinados asuntos que no se puedan hacer públicos por "intereses superiores" como la seguridad nacional o el derecho fundamental a la protección de datos.
A modo de ejemplo, Sáenz de Santamaría señaló que los ciudadanos podrán conocer "a quién y por qué se conceden las subvenciones públicas, cuánto cuesta organizar una cumbre internacional, cuántos funcionarios trabajan en un ministerio o cuánto cobran los altos cargos".
En el empeño de mejorar la transparencia, la vicepresidenta sugirió la necesidad de cambiar el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que sea "más personalizado" y se puedan seleccionar contenidos y recibir alertas.
En materia de Buen Gobierno, aseguró que el objetivo es cumplir unos estándares mínimos sobre transparencia fiscal, acceso a la información, publicidad de los ingresos y bienes de los cargos públicos.
A su juicio, "España debe no sólo incorporarse" a este tipo de prácticas, sino "colocarse a la vanguardia de las políticas de transparencia y de las exigencias del Gobierno Abierto".