El Gobierno propone que las empresas en pérdidas o con falta de liquidez puedan despedir con 20 días

Uno de los aspectos más polémicos de la reforma laboral que el Gobierno aprobó por decreto el pasado 16 de junio es el que permite que una empresa pueda acogerse al despido objetivo -aquel que cuenta con una indemnización de 20 días por año trabajado- cuando de sus resultados se desprenda "una situación económica negativa"

Ante las críticas que provocó que se dejara tan abierto la posibilidad de despedir con 20 días, el Gobierno ha presentado este martes a los grupos de la oposición una enmienda de transaccional -un texto que recoge el espíritu de las propuestas de otros grupos en busca del consenso- que delimita el despido objetivo a tres supuestos: que la empresa tenga "pérdidas sustanciales" o sufra una "disminución relevante de sus beneficios" o tenga "falta persistente de liquidez".

"Lo que hay que determinar es un modelo de causas del despido objetivo que sirva tanto a una empresa pequeña como a una grande y que el juez tenga facilidad para determinar cuándo se puede acometer ese despido" ha explicado Jesús Membrado, portavoz del Grupo Socialista en temas laborales.

El Grupo Socialista ha presentado a la oposición un paquete de 16 enmiendas transaccionales que los grupos estudiarán entre hoy y mañana para, el próximo jueves, debatir las enmiendas que se introducirán a la reforma laboral propuesta por el Gobierno. Pero algunos grupos ya se han descolgado del acuerdo.

Carles Campuzano, diputado de CiU, ha anunciado que su formación no apoyará la reforma a no ser que cambie "radicalmente de aquí al jueves". CiU se perfilaba como el principal apoyo del Gobierno para sacar adelante esta reforma, pero la formación de Artur Mas considera que los socialistas no recogen adecuadamente las enmiendas que les proponían. "No nos queremos implicar en una reforma que no es útil y que va a crear más problemas a las empresas que la que teníamos hasta ahora", ha explicado Campuzano.

También los grupos de izquierda se oponen a esta reforma. Hoy IU, ERC y BNG han solicitado por escrito que se posponga a septiembre la Comisión de Trabajo que el próximo jueves debe dejar finiquitada la reforma para remitirla al Senado, que en agosto celebrará un Pleno para aprobarla. En caso de que en la Cámara Alta se incorporen nuevas enmiendas -algo que con casi toda seguridad ocurrirá- el texto deberá volver al Congreso. El Gobierno quiere que la reforma laboral esté lista en septiembre.

Aunque en los pasillos del Congreso gana fuerza la posibilidad de que esta reforma salga sólo con los votos del PSOE -como ya ocurriera con el 'decretazo' o el techo de gasto-, Jesús Membrado aseguraba a los periodistas que "una amplia mayoría parlamentaria" apoyará el texto. Para ello, se negociará intensamente entre hoy y mañana con todos los grupos de la oposición.