Jordi Calvet
Bangkok, 28 ene.- El Gobierno de Tailandia reiteró hoy su intención de celebrar las elecciones generales convocadas para el 2 de febrero tras descartar el aplazamiento que pedía la Comisión Electoral ante la escalada de la violencia.
La primera ministra, Yingluck Shinawatra, tomó la decisión tras reunirse con representantes de la comisión, que desde hace semanas reclama que se posponga la votación debido al clima de tensión política provocado por las protestas antigubernamentales.
"El Gobierno considera que el aplazamiento de las elecciones no resolvería los problemas (actuales). En consecuencia, las elecciones se celebrarán el 2 de febrero, tal como estaba previsto", dijo el viceprimer ministro, Phongthep Thepkanjana, en rueda de prensa.
La reunión fue convocada después de que Tribunal Constitucional considerara, el viernes pasado, legal un aplazamiento de la convocatoria electoral y condicionara la decisión a un acuerdo entre el Ejecutivo y la comisión.
El Gobierno había condicionado el aplazamiento al compromiso de los manifestantes de poner fin a las protestas y del opositor Partido Demócrata -que boicotea los comicios- de participar en las elecciones en la nueva fecha, según informaron medios locales.
El portavoz de la comisión electoral, Somchai Srisuthiyakorn, que compareció junto a Phongthep en la rueda de prensa, admitió discrepancias con el Gobierno pero aseguró que el organismo llevará a cabo todos los preparativos para que se pueda realizar la votación.
La comisión había propuesto posponer los comicios entre tres y cuatro meses para que todas las partes tuvieran tiempo para reconducir el conflicto político y encontrar una solución aceptable para todos.
El encuentro entre Yingluck y la comisión tuvo lugar en el Club del Ejército, en Bangkok, donde un manifestante resultó herido de bala mientras se concentraba con un centenar de compañeros delante del recinto para impedir la celebración de la reunión.
El agresor fue detenido por los manifestantes, golpeado y entregado a la Policía, junto a una pistola que supuestamente le pertenece, según los medios locales.
Unos veinte partidos se presentan a las elecciones del domingo a pesar del boicot de los antigubernamentales que impidieron el registro de candidatos en una veintena de circunscripciones del sur del país, feudo electoral de la oposición.
Al menos 440.000 personas de las 2 millones que se había registrado para el voto anticipado se quedaron sin depositar su papeleta en las urnas, en una jornada en la que un manifestante murió tiroteado en una refriega con partidarios del Gobierno.
Los manifestantes exigen la formación de un consejo no electo que sustituya al Gobierno interino y aborde una reforma del sistema político que consideran corrupto y al servicio de los intereses del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, hermano de Yingluck.
La organización Human Right Watch (HRW) instó hoy a los manifestantes a terminar con su campaña de obstrucción al voto para evitar nuevos brotes de violencia durante las elecciones.
"Los manifestantes dicen que luchan contra la corrupción y a favor de la necesidad de reformas, pero esto no justifica el uso de la fuerza y la intimidación para bloquear las votaciones", dijo en un comunicado el director de HRW en Asia, Brad Adams.
"Impedir el voto de la población es una muestra grave de desprecio por los derechos básicos de los votantes y los principios democráticos", añadió Adams.
Por otro lado, la Comisión Anticorrupción aprobó hoy la creación de un panel que decidirá en una semana si abre un proceso de impugnación contra la primera ministra que, de resultar culpable, supondría su inhabilitación.
El organismo anticorrupción abrió la semana pasada una investigación contra Yingluck e imputó a 15 personas al considerar que la jefa de Gobierno actuó de forma negligente en la gestión del programa de subsidios a los productores de arroz.
La primera ministra preside el comité que regula un programa de compra de arroz de agricultores por encima de los precios del mercado que ha supuesto un gasto de 425.000 millones de bat (12.900 millones de dólares) de fondos públicos.
Estas pérdidas podrían reducirse con la venta de las toneladas de arroz que se acumulan en almacenes estatales ante la falta de compradores, lo que ha relegado a Tailandia al tercer puesto como exportador mundial de este cereal por detrás de Vietnam e India.
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