El Parlament abordará este lunes a las 10.00 la propuesta de resolución con la que JxSí y la CUP quieren declarar el "inicio del proceso" independentista hacia una república, y a partir de las 17.00 celebrará el primer pleno de investidura, con el anunciado rechazo a Artur Mas de todos los grupos menos JxSí.
Ambos acontecimientos se producen en el primer aniversario de la celebración del proceso participativo del 9 de noviembre y culminan dos semanas de tensión entre el bloque JxSí-CUP y la terna C's-PSC-PP, que pidieron amparo al Tribunal Constitucional (TC) contra la tramitación de la propuesta de resolución independentista.
El 'pleno de la desconexión', como también lo denominan las formaciones independentistas, arrancará a las 10.00 horas y también debatirá una propuesta de resolución alternativa que ha presentado SíQueEsPot en base a tres ejes: tejer un plan de rescate social, impulsar un proceso constituyente y convocar un referéndum.
JxSí, CUP y SíQueEsPot podrían votar varios puntos de las respectivas propuestas de resolución -no su totalidad-, mientras que el resto de partidos ya han mostrado su rechazo a ambos documentos: el PP incluso ha presentado enmiendas de substitución.
La propuesta de resolución tiene garantizada su aprobación ya que la suma de los diputados de JxSí y la CUP superan holgadamente la mayoría absoluta, que es la que se requiere para dar luz verde al texto, y el Gobierno central ya ha anunciado que empezará a tramitar desde este lunes un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) si se aprueba.
La propuesta que da inicio al proceso de secesión da potestad al Gobierno catalán a adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la ruptura y para ello le piden que inicie, en el plazo de 30 días, la tramitación de las leyes del proceso constituyente, de Seguridad Social y de Hacienda Pública e instan al futuro Ejecutivo catalán a cumplir "exclusivamente" las normas emanadas del Parlament para blindarse frente a "las decisiones del Estado español".
Según avanza el diario La Razón en su edición de este domingo, Mas planea enviar a partir del martes una remesa de cartas a los principales representantes del Estado y a la comunidad internacional para comunicarles el inicio del proceso de negociación de la independencia de Cataluña e implicarles en el mismo.
Según este periódico, las cartas tendrán como remitente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al presidente del Congreso, Jesús Posada, y al presidente del Senado, Pío García Escudero, entre otros representantes del Estado español, así como a gobiernos e instituciones internacionales como el Consejo de Europa y Naciones Unidas. En ellas, Mas reafirma que la resolución independentista representa el inicio de desconexión con el Estado y un paso definitivo a la creación de la República catalana, de acuerdo al resultado de las elecciones del pasado 27 de septiembre.Los pasos del Gobierno: del recurso a las sanciones económicas
El Gobierno tiene preparada ya toda la batería de medidas jurídicas necesarias para frenar el desafío soberanista catalán y las posibles desobediencias de los independentistas ante las resoluciones de los tribunales. Las medidas programadas van in crescendo en función de las actuaciones que vaya desarrollando el Ejecutivo catalán.
Entre las medidas judiciales está el ya anunciado recurso que presentará el Ejecutivo contra la resolución para iniciar la "ruptura" acordada por JxSí y la CUP, una vez que ésta sea aprobada en el Parlamento catalán. El secretario general socialista, Pedro Sánchez, ha anunciado su intención de apoyar este recurso.
La pasada semana, el Constitucional rechazó por unanimidad la suspensión del pleno de este lunes, como se solicitaba en los recursos de amparo presentados por Ciudadanos y PP, al considerar que ello costituye un "control de constitucionalidad sobre una resolución que no se ha adoptado y cuyo contenido último se desconoce". No obstante, al alto tribunal advirtió también de que actuará con "prudencia y determinación" cuando proceda porque tiene la "última palabra". En este sentido, apelan a la sentencia que anulaba por inconstitucional la declaración de soberanía adoptada por el Parlamento catalán del 23 de enero de 2013.
El trámite del recurso es el que sigue: La Abogacía del Estado recurrirá ante el TC la resolución que apruebe la Cámara catalana al día siguiente de su aprobación, con la petición de que suspendan cautelarmente todos los efectos de ese texto. Previamente se habrán reunido de urgencia el Consejo de Estado para informar de forma prescriptiva sobre el recurso y el Consejo de Ministros para aprobar el texto.
El Tribunal Constitucional se reuniría esa misma semana- incluso el miércoles día 11- para tratar la admisión del recurso presentado por la Abogacía del Estado. Si los magistrados acuerdan admitir a trámite el recurso, decretarían también la suspensión inmediata del acuerdo del Parlament, lo que supondría 'de facto' la prohibición para el Parlamento regional y el Gobierno catalán de desarrollar su contenido. Con la reforma de la Ley Orgánica del TC de octubre de 2015, el TC puede disponer en su resolución quién ha de ejecutarla, las medidas de ejecución necesarias y, en su caso, resolver las incidencias de la ejecución.
El tribunal podría, por ejemplo, suspender de sus funciones a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a la que el Gobierno señala como primera responsable del incumplimiento legal. Forcadell ha advertido este domingo de que hará "todo lo necesario" para garantizar el cumplimiento de la voluntad del 27-S.Multas de hasta 30.000 euros
Si el Parlamento o el Ejecutivo catalán deciden no acatar la decisión del TC-por ejemplo, si se inicia el desarrollo de las leyes del "proceso constituyente, Seguridad Social y Hacienda Pública"-, el Gobierno puede solicitar al alto tribunal que actúe, proponiendo las medidas necesarias para que su decisión sea acatada.
Al mismo tiempo, el propio tribunal de oficio, o a instancia de algunas de las partes del proceso, requerirá a las instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares a quienes corresponda llevar a cabo su cumplimiento para que en el plazo que les fije informen al respecto. Las sancioens van desde la imposición de multa coercitiva de 3.000 a 30.000 euros a las autoridades, empleados públicos o a particulares, acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento o la ejecución sustitutoria de las resoluciones recaídas en los procesos constitucionales.
El Tribunal Constitucional también puede deducir oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder. Aunque si lo incumplido es de "especial transcendencia constitucional", el Tribunal, de oficio o a instancia del Gobierno, podrá adoptar las "medidas necesarias" para asegurar su debido cumplimiento "sin oír a las partes".Retención de créditos y comisiones de expertos
El Ejecutivo planea otras medidas en paralelo, como las recogidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria , hasta la utilización de la Delegación del Gobierno para obligar a que se ejecuten las sentencias de los tribunales.La Ley de Estabilidad contempla varias opciones, de menor a mayor enjundia por el incumplimiento sistemático de, entre otras obligaciones, el cumplimiento del objetivo de déficit.
Así, el Gobierno puede, en función del artículo 25 de esta Ley, aplicar desde la "retención de créditos" a la CCAA a "multas" coercitivas. En última instancia podría acordar el envío de una "comisión de expertos", bajo la dirección del Ministerio de Hacienda, lo que algunos denominan "los hombres de negro", para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada, quienes pueden reclamar cualquier información sobre las partidas de ingresos y gastos. No obstante, fuentes del Ejecutivo precisaron que aún no se está en esto y que esta medida sería ya en una situación extrema.
En última instancia, existe también la posibilidad de recurrir al artículo 155 de la Constitución, con el que se puede llegar a suspender la autonomía aunque se puede aplicar gradualmente y en función de los pasos que vaya dando la Generalitat. Su aplicación, no obstante, genera notables discrepancias en el Gobierno y el propio Rajoy trata de evitar llegar al extremo.
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