Sin medios ni leyes para recuperar el dinero "perdido" de la corrupción

1.700 causas abiertas. Más de 500 imputados. 730 procesos contra partidos políticos. Es la radiografía de la corrupción en nuestro país, que se completa con un dato clave: sólo 20 personas cumple condena de prisión. Lo hace, por ejemplo, Luis Bárcenas, el único imputado del caso Gürtel actualmente en la cárcel. El resto, más de 150, están aún a la espera de que finalice la fase de instrucción de la causa, que se investiga en laAudiencia Nacional.

El extesorero del PP cumple hoy un año en la prisión de Soto del Real, imputado por delitos de blanqueo, fraude fiscal, cohecho, falsedad documental y estafa procesal en grado de tentativa. Y en este tiempo, no se ha tenido ni rastro de los 48'2 millones de euros que acumuló, hasta 2008, en dos cuentas en Ginebra. El juez de la Audiencia Nacional ha rastreado transacciones en Uruguay, Argentina, Estados Unidos, China, Hong Kong, Tailandia, India y Gran Bretaña. Del botín, ni huella. Sus cuentas, y también las de su mujer, Rosalía Iglesias, su vivienda en Madrid y su chalet en la estación de esquí de Baqueira Beret están embargados desde julio de 2013 para cubrir las responsabilidades civiles de un eventual juicio.

Caso Gürtel, caso Campeón, caso Palma Arena, caso Noos, caso Palau... cuentas en Suiza, en Benice, en las islas Caimán, ERE de Andalucía... la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), principal referente en la investigación de este tipo de casos se encuentra desbordada para atender a los delitos que han ido aflorando en los últimos tiempos. Apenas cuenta con 300 agentes para un trabajo sofisticado, que requiere horas de minucioso análisis y en el que un paso en falso puede dar al traste con meses de investigación. En los juzgados, las causas acumulan en columnas de folios. La instrucción de la Gürtel, por ejemplo, se pormenoriza al detalle en 700.000 páginas. El retraso en las penas provoca una sensación de impunidad entre los corruptos

La corrupción ocupa el segundo lugar en las preocupaciones de los españoles, según el último barómetro del CIS y la sensación de impunidad es pensamiento generalizado, por el escaso número de imputados que llegan a pisar la cárcel y también por la lentitud con la que se acometen los casos. El 90% se encuentran en fase de instrucción. Hace cinco años que empezó a instruirse la Gürtel, en la actualidad con un centenar de imputados; el caso Noos arrancó en 2010 y acaba de terminar la fase de instrucción, el Palma Arena, iniciado en 2008, tiene 26 piezas abiertas y sólo se han juzgado dos. La sentencia del caso Malaya llegó en octubre del año pasado, después de ocho años de investigación.

"Lo que detectamos es que existe una sensación de total impunidad entre los corruptos, porque saben que el sistema judicial no cuenta con medios suficientes y una de las cosas imprescindibles para que la gente no se corrompa es que tenga la seguridad de que van a ser condenados", afirma Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, "pero faltan peritos, faltan técnicos, faltan recursos. No existen medios, en definitiva para luchar contra la corrupción" y eso provoca "una respuesta penal tardía".

En casos de tal impacto mediático, esa respuesta penal es recogida en muchos casos con decepción por la sociedad, que pide castigos más elevados para los acusados de corrupción. Y también, que se devuelva el dinero defraudado.La ley obliga al acusado a devolver el dinero, pero en la práctica no se reintegra

"A un delincuente puede que le "compense" pasar un par de años en la cárcel, si cuando sale puede tener todo su patrimonio, llegó a reconocer el juez Miguel Ángel Torres, instructor del caso Malaya.

En prisión desde marzo de 2006, el principal acusado de esta trama, Juan Antonio Roca, ha abonado hasta el momento únicamente 600.000 euros en concepto de responsabilidad civil al Consistorio marbellí. Recientemente, la Audiencia de Málaga le ha autorizado la venta de propiedades por valor de 8'1 millones de euros para abonar sus responsabilidades civiles en el caso Saqueo I, lo que le permitiría la libertad condicional por esta causa. La sentencia del caso Malaya cifra el patrimonio amasado de forma irregular por Roca en unos 100 millones. Marbella sólo ha recuperado tres de los más de 300 millones de euros que se deberían integrar si se ejecutasen todas las sentencias. La trama Gürtel costó al erario público 120 millones de euros.

"Está bien que exista reparación de los delitos, pero el daño ya se ha causado", opina Bosch, "No tenemos que centrarnos sólo en que se devuelva el dinero, lo fundamental debe ser actuar sobre las leyes para que no sea tan fácil cometer el delito", para erradicar la tentación.

En una mínima parte de los casos, los acusados por corrupción llegan a pisar la cárcel. Pero la devolución de la totalidad del dinero defraudado se arroja un imposible para las fuerzas de Seguridad. Aunque pueda dar impresión de lo contrario, la legislación contempla la devolución íntegra del dinero que se ha "esfumado", "La condena lleva aparejada una responsabilidad civil que obliga a volver a reintegrar absolutamente todo lo sustraído", explica Norberto de la Mata, catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco.

Para conseguirlo, se embargan cuentas y bienes y se sacan propiedades a subasta. "A lo largo del proceso, el juez instructor ya ha tenido que ir averiguando los bienes y solicitando fianzas para hacer frente a la responsabilidad civil. Si esa fianza no se ofrece, se embargan los bienes para garantizar que se cumple esa responsabilidad, aunque puede que no encuentren ningún bien", reconoce De la Mata.

Si el condenado no dispone de medios para hacer frente a las indemnizaciones o la devolución del dinero que establece la sentencia, caben pocas opciones para la Justicia. Lo más frecuente es que se embargue el sueldo una vez que el acusado quede en libertad y se reincorpore al mercado laboral. Una mínima parte de las desorbitadas cantidades que se han escapado del erario público o que se han obtenido por métodos ilegales. Pero la recuperación del dinero se da prácticamente por descartada, porque la mayor parte suele estar oculta en cuentas en paraísos fiscales y corre por todo el mundo a velocidad del rayo.Los instrumentos para ocultar el dinero se sofistican cada vez más

Las posibilidades de esconder el dinero son casi infinitas y los instrumentos "cómplices" del defraudador se sofistican y permiten una opacidad cada vez más perfecta. La mayor parte de las fortunas que operan en paraísos fiscales están ocultas en la intermediación de sociedades o empresas pantalla, que permiten hacer más opaco el vínculo con la titularidad, y, de esta forma, evadir impuestos y ocultar patrimonio. Según los datos que maneja el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, 130.000 políticos y empresarios utilizan paraísos para esconder su dinero.

"Me temo que ese dinero no se devuelve nunca". José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda (GESTHA) no oculta su pesimismo fruto de años de experiencia, "ese dinero seguirá oculto en sociedades en paraísos fiscales que no son descubiertas por la policía".

"Salvo que exista una información previa es imposible seguir la pista porque nunca se sabe a nombre de quién están las cuentas. Necesitas un hilo del que tirar, como hemos visto en el caso Gürtel. Pero si no se tiene esa información es dificilísimo, te diría que imposible, descubrir ese fraude. Porque precisamente los paraísos fiscales se caracterizan por eso".

A lo complejo de llegar a ese "hilo" del que tirar se añaden también las trabas burocráticas que enmarañan aún más la complejidad de las investigaciones. Una vez descubierto dónde está el dinero oculto, aparece una figura clave: las comisiones rogatorias, requerimientos de información que realizan los jueces a otros países para avanzar en sus diligencias, para descubrir cuentas ocultas.

Desde el verano de 2009, cuando la trama de corrupción de la Gürtel comenzó a investigarse en la Audiencia Nacional, las autoridades de Suiza han remitido más de 40.000 folios en respuesta a 41 ampliaciones de comisiones rogatorias. La colaboración ha permitido sacar a la luz algunos de los movimientos bancarios realizados por miembros de la red, por ejemplo, que Bárcenas llegó a acumular en el Dresdner Bank y el Lombard Odier de Ginebra un capital de más de 48 millones de euros y que seis millones fueron desviados a Argentina, Uruguay y EEUU. Desvelaron también sus viajes a Alaska, sus cenas de lujo y vacaciones en los Alpes. Pero esa colaboración es, en la mayoría de los casos, lenta y compleja, porque esas comisiones son estrictas y proporcionan una información ceñida únicamente a la respuesta que se solicita.

"Los países proporcionan únicamente lo que se pide", explica Mollinedo, "y si existe una mala petición, se recibirá menos. Si les piden el extracto de una cuenta, sólo se da de esa cuenta, aunque a lo mejor el sospechoso tenga tres. No existe colaboración activa. Y eso se produce porque las entidades responden únicamente a lo que se les ha requerido, pero no tienen por qué dar más información".

A eso se suma que muchos países se muestran "opacos" a la hora de suministrarla. Retrasan la entrega de los datos, o directamente los niegan. Es el caso cercano de Gibraltar, que según los técnicos de Hacienda, sólo responde a un tercio de las solicitudes que se cursan. El acuerdo redactado por el Gobierno hace cinco años para que se facilitara información automática a España no se llegó a firmar por los desacuerdos de la soberanía.

¿Cómo resolverlo? "Es necesaria una acción decidida de la OCDE para reducir esa opacidad o directamente suprimirla", opina Mollinedo.Europa, un mosaico fiscal

¿Cuánto dinero calcula que se esconde en los paraísos fiscales? La pregunta va dirigida a Juan Hernández Vigueras. Doctor en Derecho y autor de libros como "La Europa opaca de las finanzas. Y sus paraísos fiscales offshore" (editorial Icaria), "Al rescate de los paraísos fiscales" (editorial Icaria) o el más reciente, "Y los lobbies financieros, tentáculos del poder", publicado por Clave Intelectual.

"El que tiene que saberlo es el ministro de Hacienda", dice con humor, pero sin ocultar la crítica a los que se empeñen en dar cifras cerradas. "Eso sólo se conoce por estimaciones".

Según las investigaciones de la organización Tax Justice Network, que Hernández Vigueras toma como referencia, son 25 billones de dólares. Esto es, la suma de los PIB de EEUU y Japón juntos. "Pero la clave de los paraísos fiscales es precisamente esa, la opacidad. Lo que realmente vende es la posibilidad de ocultad la identidad y por tanto el dinero, por eso, imposible saberlo. Porque además, la historia de Bárcenas, o Urdangarín, o Gürtel, siempre revela un encadenamiento. Nadie va directamente a un paraíso fiscal. Son encadenamientos, de que uno pasa a otro, porque al fin y al cabo son apuntes electrónicos".

La raíz del problema está, según este experto, en el propio Tratado de la UE, que da absoluta libertad al movimiento de capitales, pero al mismo tiempo reserva los temas fiscales a la soberanía nacional, "y eso supone una competencia fiscal entre países. Y ahí es donde surge la verdadera disputa de a ver quién cobra menos. Ahí está por ejemplo Luxemburgo, refugio de capital en Europa".

Pero un matiz, apresura a decir Hernández Vigueras, sin que sirva de justificación alguna, "el movimiento de capitales es legal. Si usted envía a las Caimán o al sitio que más le guste dinero, cuanto más mejor, eso es legal. El problema surge de dónde ha sacado usted el dinero. Por eso, se confunde el paraíso fiscal con el dinero ilícito", explica, "De hecho, con el dinero registrado en paraísos fiscales se pagan las grandes operaciones financieras internacionales".

Vigueras comparte pesimismo con Mollinedo en lo que respecta a si es posible recuperar una mínima parte, al menos, del dinero que se alberga en estos entornos opacos. "Si alguien roba y esconde dinero en su casa habría que derribar la casa. El acusado tiene la clave. Veamos si no lo que ha pasado con el famoso caso Roldán".

El que fuera director de la Guardia Civil entre 1986 y 1993 salió de prisión en 2010 después de cumplir 15 de los 31 años de cárcel a los que fue condenado. Se considera que consiguió una fortuna ilícita de 30 millones de euros, de los cuales, la Justicia sólo logró recuperar 1'6 con el embargo de sus cuentas y la subasta de seis de sus quince pisos. "Aquí se permite que se salga de la cárcel sin haber devuelto lo que robó, lo tenga en paraísos fiscales o donde lo tenga. Pero el problema está en el marco legal que lo permite", concluye Vigueras.