El jefe de los Casuals, radicales del Barça, se niega a declarar en el juicio

Barcelona, 8 abr.- El jefe de los Casuals, la rama más violenta de los Boixos Nois, Ricardo M.L., alias Lucho, que afronta 119 años de cárcel, se ha negado hoy a declarar en el juicio, mientras el resto de miembros del grupo interrogados solo han respondido a preguntas de sus abogados y han negado los cargos.

La sección quinta de la Audiencia de Barcelona ha continuado hoy con el macrojuicio contra veinte presuntos Casuals, la rama más violenta de los Boixos Nois, así como contra otros nueve acusados, que según la fiscalía crearon una "poderosa estructura" con la que se lucraron a través del tráfico de drogas, la extorsión a locales de ocio nocturno y las agresiones a terceros por encargo.

Durante la sesión, tanto el jefe de los Casuals, Ricardo M.L., como el acusado Antonio T.A., alias Antoñito, para quien la fiscal pide 33 años de prisión, se han negado a declarar, mientras que el acusado Alejandro M.V., conocido como Pichín y que afronta 41 años de cárcel, ha respondido sólo a su defensa negando todos los cargos.

Por su parte, el acusado Juan S.M., conocido como Juanito de Sant Boi, para quien la fiscalía solicita 56 años de cárcel y que actualmente está en prisión provisional, solo ha respondido a las preguntas de su abogado y ha negado su participación en los delitos que se le imputan.

Así, el acusado ha asegurado que durante el año 2009 había prestado su vehículo, con el que según la fiscalía se transportaba droga, a "muchas personas" dado que en ese momento tenía retirado el carné de conducir.

Asimismo, ha señalado que en su casa almacenaba unos cincuenta perfumes porque su mujer se dedicaba a su venta, en referencia a una conversación en la que hablaba de "guardar mi colonia" y que la fiscalía había relacionado con el narcotráfico.

Juan S.M. ha negado también su participación en el resto de delitos de lesiones y allanamiento violento en locales de acceso público que se le imputan.

Por otra parte, la juez ha desestimado la anulación de las pruebas incriminatorias como las escuchas telefónicas, que habían pedido las defensas, aunque la validez de las ruedas de reconocimiento y las declaraciones de los testigos protegidos las valorará en la sentencia.