El juez absuelve a los 3 acusados del accidente de helicóptero de Torallola

Lleida, 20 dic.- El titular del juzgado Penal número 1 de Lleida ha absuelto a los tres acusados del accidente de helicóptero ocurrido en Torallola (Lleida) en 2002 y que causó la muerte de ocho personas, al considerar que no se han acreditado pruebas fehacientes que demuestren su responsabilidad en el siniestro.

Tras la celebración de la vista oral, el pasado mes de octubre, en los juzgados de Lleida, el magistrado ha decidido dictar la libre absolución de los tres imputados: Pedro María S.M., administrador de Helieuropa Services S.A., la empresa propietaria del helicóptero siniestrado, y los ingenieros Andrés G.L. y José Carlos P.C..

Inicialmente se sentó también en el banquillo de los acusados el mecánico autónomo Carlos M.M., aunque en el último día del juicio tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares retiraron los cargos contra él, al entender que su vinculación con esta empresa se limitaba a realizar las revisiones temporales de la aeronave.

La Fiscalía pedía para cada uno de los acusados cinco años y nueve meses de prisión por ocho delitos de homicidio por imprudencia profesional y un delito contra los derechos de los trabajadores, además de una indemnización de 600.000 euros para cada una de las familias de las ocho víctimas: el piloto, el copiloto, tres responsables de la conselleria de Industria y tres operarios de Fecsa-Endesa.

Sin embargo, en su sentencia, de 132 páginas, el juez Víctor Manuel García señala que ni la Fiscalía ni los abogados de la acusación consiguieron demostrar en el juicio una relación de causalidad directa entre las acciones de los tres imputados y el accidente aéreo, que se produjo la mañana del 14 de junio de 2002 en el núcleo de Torallola, muy cerca de La Pobla de Segur, cuando el helicóptero, que revisaba la red eléctrica, se precipitó al vacío tras perder el cono de la cola en pleno vuelo.

El magistrado tampoco considera acreditado que las deficiencias detectadas en el mantenimiento de la aeronave, que fue reconstruida con piezas procedentes de otras naves y piezas de museo, hasta el punto de que la Fiscalía llegó a tildarlo de "helicóptero chatarra", fuera la "causa directa y eficiente del accidente".

"Las conductas desplegadas por los acusados en materia de mantenimiento de la aeronave, las deficiencias de ésta e incluso las supuestas irregularidades administrativas en la concesión, renovación y prórroga del certificado de aeronavegabilidad, podrían tener relevancia en otros ámbitos, pero carecen de relevancia desde la perspectiva penal", subraya el juez en el escrito.

Añade el magistrado que lo único que expresaron los testigos que declararon en el juicio fueron "conjeturas, suposiciones y especulaciones" sobre las que no puede construirse una sentencia de condena, al no concurrir prueba de cargo suficiente que ponga en entredicho la presunción de inocencia.

"Concurrirían dudas más que razonables sobre la causa cierta del accidente y la contribución de la misma por parte de cada acusado", remarca el magistrado.

En el juicio, que duró semanas, declararon numerosos testimonios y peritos que no pudieron aclarar las causas del siniestro ante la falta de pruebas convincentes.

Así, por ejemplo, dos ingenieros del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) explicaron que la imposibilidad de analizar todos los restos de la aeronave, dado que muchos de estos revestimientos quedaron totalmente destrozados al impactar contra el suelo, les impedía llegar a una conclusión definitiva sobre cuál fue la causa de la rotura del cono de cola.

Por su parte, miembros de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación (CIAIAC) apuntaron algunas causas que "pudieron contribuir" al siniestro, aunque tampoco fueron capaces de explicar con certeza por qué ocurrió.

Tras más de nueve años esperando la celebración del juicio, esta sentencia absolutoria ha caído como un jarro de agua fría sobre las familias de las víctimas, que esperaban una condena ejemplar para los acusados, según han indicado a Efe algunos de sus abogados.

La acusación tiene ahora un plazo de diez días para interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Lleida.