El juez cree que alcalde Sabadell usó su poder para presionar a una alcaldesa

Barcelona, 13 feb.- El juez del caso Mercurio cree que el diputado del PSC Daniel Fernández y el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, "presionaron" a la alcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), Maria Elena Pérez, para que colocara a una técnica utilizando su "prevalencia" por su responsabilidad en el partido.

Así lo sostiene el titular del juzgado de instrucción número 1 de Sabadell (Barcelona) en la exposición razonada que ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a la que ha tenido acceso Efe, con una resumen de los indicios que apuntan a que el diputado socialista habría incurrido en un delito de tráfico de influencias.

Esos indicios, que se desprenden de la macroinvestigación sobre una trama de corrupción en torno al Ayuntamiento de Sabadell del caso Mercurio, apuntan a que Fernández y Bustos presionaron a la alcaldesa de Montcada para que contratara como directora del área territorial del consistorio a la exalto cargo del tripartito Carmina Llumà, pese a haber sido descartada por la empresa encargada del proceso de selección.

El escrito del juez detalla hasta cuatro conversaciones telefónicas mantenidas entre Bustos y Fernández en mayo de 2012 de las que, según cree el instructor, se desprende "sin necesidad de una interpretación forzada, las presiones que ejercen" ambos políticos para influir en el proceso de selección.

Concretamente, el magistrado reproduce una conversación en la que el diputado dice a Bustos: "Oye, que cojan a la empresa y al 'no apta' le quiten el 'no' ¿vale?. (...) Oye, yo quiero que sea esta la mejor puntuada, ¿me entiendes? Si es una empresa que contratas tú".

En opinión del juez, las conversaciones denotan que la relación de Fernández y Bustos con la alcaldesa no era "entre iguales" y que se ejerce presión sobre ella en entrevistas personales, dada la "prevalencia" que los políticos socialistas tenían sobre Pérez teniendo en cuenta el cargo que ocupaban en la dirección del PSC en la época de los hechos.

De hecho, Fernández -que al trascender que estaba siendo investigado se apartó de su cargo de secretario de organización del PSC- y Bustos se refieren en sus conversaciones a la posibilidad de relevar a la alcaldesa del PSC con frases como "hay que cambiarla" o "empieza a buscar una alternativa", según relata el juez en su escrito al TSJC.

El instructor expone en su escrito que el Ayuntamiento de Montcada había encargado a una empresa de recursos humanos la evaluación de los aspirantes al cargo de dirección del Área Territorial del consistorio y que su dictamen, vinculante, declaró "no apta" a Llumà y "apta"únicamente a otra candidata distinta.

Por ese motivo, el juez cree que en este caso consta el beneficio económico que debe concurrir en el delito de tráfico de influencias, a favor de Carmina Llumà, por la adjudicación de una plaza con una retribución bruta anual de 52.000 euros, y con un "claro perjudicado", la candidata que obtuvo la calificación de apta.

En las conversaciones que obran en la causa, el propio Daniel Fernández admite que llamó a "nuestra alcaldesa preferida", en referencia a Llumà, para que modificara la calificación de "no apta" obtenida en el proceso de selección, que después debía ser validada por un tribunal formado por representantes del consistorio.

Los movimientos para colocar a Llumà en el Ayuntamiento de Montcada se iniciaron, según el juez, ya en enero de 2012, cuando Manuel Bustos empezó a aludir en sus conversaciones telefónicas a la necesidad de buscar un empleo a la exalto cargo del tripartito, pareja del jefe del Servicio de Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Sabadell, Marcel Galofré.

"Carmina Llumà, te acuerdas de ella ¿no? Está en el mercado (...)", comenta por teléfono Bustos, que también desvela a su interlocutor que "no salió bien" el intento de emplearla en el Ayuntamiento de Sant Just Desvern (Barcelona) y sugiere: "Pues ella puede ser secretaria accidental de algún ayuntamiento, yo creo que sí".

En opinión del juez, de las diligencias practicadas hasta ahora se desprenden "indicios de infracción penal que justifican" la imputación de Daniel Fernández, por lo que remite al TSJC la instrucción de la pieza separada sobre ese presunto tráfico de influencias, en la que también están imputados Bustos, su hermano Francisco, concejal socialista de Sabadell, y la alcaldesa de Montcada.