El juez imputa delito societario, prevaricación y malversación de fondos

Reus (Tarragona), 29 may.- El juez imputa al menos tres delitos a los 14 ediles del anterior tripartito de izquierdas de Reus imputados por el aval de 3 millones concedido a la empresa Shirota.

Según han informado fuentes cercanas al caso, el titular del juzgado reusense ve indicios de delito societario, de malversación de caudales públicos y prevaricación.

Seis exconcejales del anterior equipo de gobierno de Reus han declarado hoy durante más de seis horas ante el titular del juzgado número 3 de Reus por el aval de 3 millones concedido a la empresa Shirota.

En concreto, han comparecido hoy ante el juez José Magrazó, Martina Garcia y Joan Anton Verge (PSC), Jordi Bergadà (ERC), Ernest París (ICV) y Pilar Pérez (EUiA).

Mañana será el turno del exalcalde Lluís Miquel Pérez (PSC), del exprimer teniente de alcalde, el socialista Eduard Ortiz, y de la exconcejal de Cultura, la republicana Empar Pont.

Durante la tarde de ayer declararon los socialistas Misericòrdia Dosaiguas, Rosa Garrido, Carles Salas y Teresa Pallarès, que declararon ayer, mientras que otro exregidor citado, Josep Morató -Promoción Económica-, no pudo comparecer al estar convaleciente de una enfermedad grave.

Durante tres tardes consecutivas, por este juzgado están desfilando los concejales para declarar ante el juez, el fiscal y sus respectivos abogados particulares, pero no los de la acusación porque el caso está bajo secreto sumarial.

El pasado mes de marzo todos ellos ya declararon en la Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona por este mismo caso, una pieza que ha separado el juzgado de Instrucción número 3 de Reus del caso Innova a raíz de la denuncia presentada por AraReus, en la oposición, contra el exdirector del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y de Innova, Josep Prat, y el exdirector del CatSalut y responsable de Shirota, Carles Manté.

Los regidores del tripartito reusense aprobaron un aval a Shirota Functional Foods (SFF), dedicada a la investigación en la nutrición y la salud y los alimentos funcionales, de tres millones por parte del Ayuntamiento, cuando esta empresa estaba participada también por otros socios privados y, por esto, habrían incurrido en delito.

El actual gobierno municipal (CiU-PP) decidió, el año pasado, liquidar Shirota por las deudas acumuladas, hacerse cargo de los tres millones de euros del aval y despedir a sus 14 trabajadores, incluidos los científicos.