El juez pide a CEISS las operaciones desde 2006 de los imputados por estafa

León, 19 mar.- El juez de Instrucción 1 de León ha pedido al Banco Ceiss una relación de las operaciones sobre cuentas de valores efectuadas de 2006 a 2012 por los cuatro imputados en una estafa piramidal que se investiga en Caja España, así como de las visitas recibidas por éstos en la central de la entidad.

El juez Javier Fernando Muñiz ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso hoy EFE, para solicitar más datos a la entidad bancaria dentro de las diligencias abiertas a raíz de que 98 personas denunciaran una supuesta estafa, en la que están imputadas cuatro personas, tres de ellas cargos de Caja España-Duero y una cuarta, una empleada de una sucursal.

Según esta providencia, con fecha de 18 de marzo, el juez pide las operaciones realizadas desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2012, primero por Caja España, luego por Caja España-Duero, ejecutadas "directamente desde la Mesa de Intermediación o de Tesorería" sobre títulos de renta fija cotizados en Mercados Secundarios no oficiales, en cualquier divisa, radicados en países emergentes.

De acuerdo con esto, se ha interesado por los bonos, pagarés, letras, obligaciones, deuda subordinada, deuda convertible, entre otras.

Además, ha pedido que los titulares de tales operaciones, con el fin de determinar si alguna de ellas tiene o ha tenido relación con los imputados en este procedimiento.

Por otro lado, ha solicitado todas las operaciones realizadas por los cuatro imputados sobre cuentas de valores desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2012.

Además, ha reclamado a la entidad un informe detallado sobre la forma de concesión de autorizaciones a los trabajadores de los servicios centrales de Caja España para que reciban visitas en dichas dependencias; y que se aporten al procedimiento las autorizaciones concedidas por y para los cuatro imputados desde el año 2006 al 2012.

El juez también citará a declarar de nuevo a la principal imputada M.C.S.V., una empleada de una sucursal de la pedanía leonesa de Armunia, para la que el juez ya impuso una fianza de 1,5 millones de euros.

Además, ha ampliado la citación de testigos a declarar a un chófer de la entidad, y dos directores de sucursales.

La mayoría de los denunciantes son amigos y familiares de la principal acusada, que fue despedida de la entidad, después de que el caso trascendiera a primeros del año pasado.

Además de ella hay tres imputados, que son cargos del departamento de Tesorería y Financiera de la entidad.

La providencia del juez se ha dictado después de que así lo pidieran los letrados de los demandantes y ha dado un plazo de 5 días a la entidad financiera para que haga las alegaciones que estime oportunas, de no hacerlo entenderá que está conforme con las diligencias pedidas.