El juez Ruz interroga esta semana a siete exmiembros de la Ejecutiva de CCM

Madrid, 17 nov.- El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz interroga esta semana como imputados a siete exmiembros de la Comisión Ejecutiva de la desaparecida Caja Castilla La Mancha (CCM) que, según la Fiscalía, aprobaron "una serie de operaciones singulares" que conllevaron un perjuicio patrimonial para la misma.

El magistrado ha citado el miércoles a partir de las 10:00 horas a Federico Andrés Rodríguez Morata, Tomás Martín-Peñato Alonso, Florencio Hernández Gutiérrez y José María Fresneda Fresneda.

Un día después tomará declaración a Emilio Sanz Sánchez, Carlos Jiménez Morante y al secretario de CCM, José Fernando Sánchez Bódalo.

En el auto en el que les imputó el pasado 15 de octubre, Ruz ofreció al actual Banco de Castilla La Mancha personarse como perjudicado y requirió a los peritos para que "confirmen, amplíen o, en su caso, modifiquen" las conclusiones alcanzadas en un informe fechado en septiembre de 2012.

El Banco de España ha cifrado en uno de sus informes periciales el agujero patrimonial de la caja en 267 millones de euros.

Según la Fiscalía, la aprobación por parte de la Comisión Ejecutiva de la caja de las citadas "operaciones singulares" podría constituir un delito societario de administración desleal.

Hasta ahora, el único miembro de la ejecutiva imputado en la causa era el expresidente de la entidad Juan Pedro Hernández Moltó, pero el juez cree que los nuevos imputados también participaron "en la toma de decisiones colegiadas sobre las distintas operaciones económicas analizadas, que habrían derivado en el ulterior perjuicio patrimonial para la entidad por ellos administrada".

La investigación sobre las supuestas irregularidades en CCM se inició en 2010 a raíz de una querella presentada por el exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo en representación del PP.

CCM fue la primera entidad española en ser intervenida después de que en marzo de 2009 el Consejo de Ministros aprobara una inyección de fondos públicos de 9.000 millones de euros y, posteriormente, se adjudicó en subasta a Cajastur, hoy integrada en el grupo Liberbank.