El PP advierte de que la trama de corrupción en Asturias "podría ser más amplia"

Oviedo.- El diputado regional del PP Joaquín Aréstegui ha advertido hoy de que la instrucción sobre corrupción por la que han sido detenidas anoche cinco personas, entre ellas el ex consejero de Educación y Ciencia José Luis Iglesias Riopedre, es "un efecto colateral de una trama que podría ser más amplia".

"Se veía venir", ha añadido el también presidente del PP de Avilés en una rueda de prensa en el Parlamento regional acerca de las detenciones, en calidad de imputados, ordenadas por el juzgado de instrucción número 4 de Gijón.

Además del ex consejero -que dimitió en agosto por motivos de salud-, han sido detenidos la ex directora de Planificación, Centros e Infraestructuras de María Jesús Otero, la funcionaria Marta Renedo y los empresarios Víctor Manuel Muñiz Menéndez, de la compañía Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez Sánchez, de Almacenes Pumarín.

Aréstegui cree que "se veía venir" porque se ha "pasado de la trama funcionarial de la corrupción a la trama política" y que "es obvio" que "sin trama política no hay trama funcionarial".

El grupo parlamentario del PP en la Junta pedirá la comparecencia del presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, en cuanto se abra el nuevo periodo de sesiones, ha señalado Aréstegui, quien ha comparecido ante la prensa junto a su compañero de bancada Ramón García Cañal.

A Álvarez Areces le pedirán "que explique" la detención de un hombre que ha estado once años con él como alto cargo del Ejecutivo y con el que tiene más de treinta años de relación política y personal.

"Todavía no sabemos para quién va ese dinero", ha señalado Aréstegui en referencia al presunto pago de comisiones en supuestas adjudicaciones irregulares, que se investiga al ser imputados por los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude y exacciones ilegales y blanqueo de capitales.

Aréstegui ha definido a la presunta actuación de los dos empresarios, la funcionaria y los altos cargos políticos como "una banda dedicada a expoliar los recursos públicos", para añadir: "No sabemos para qué fines".

García Cañal, por su parte, ha recordado que a finales del año pasado fue aprobada una reforma de la Ley de Ordenación de la Función Pública asturiana para "santificar" la libre designación en puestos clave de la Administración del Principado.

En su opinión, se han "desmantelado" los servicios de control de las contrataciones públicas regionales, como los servicios jurídicos, la Intervención del Principado y las jefaturas de servicios de contratación, al nombrarse a políticos y no funcionarios para estos puestos.

"Compadreo" y "complicidad" ve Cañal en que se elija "a dedo" en esos casos.

También ha apuntado que el Consejo de Gobierno ha convalidado cientos de expedientes tras los reparos expresados por la Intervención.

Y que el Tribunal de Cuentas observó en la ejecución presupuestaria de 2004 que se usaban fórmulas matemáticas que no primaban la oferta más barata para la Administración regional, o que en un concurso se abría el precio y luego se puntuaban las ofertas, o "incluso" que hubo informes técnicos hechos por políticos y no por funcionarios.

Preguntado sobre las contrataciones de la empresa Igrafo con el Ayuntamiento de Oviedo -gobernado por el PP-, Cañal ha pedido que se centren "los tiros" en la operación judicial actual, pero que, en cualquier caso, "el PP será el primero que dirá que se investigue lo que sea".