El presidente egipcio envía al Parlamento un proyecto de ley sobre ONG

El Cairo, 29 may.- El presidente egipcio, Mohamed Mursi, anunció hoy el envío a la Cámara baja del Parlamento un proyecto de ley para regular la actividad de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país.

En un discurso en la apertura de una conferencia sobre organizaciones civiles en El Cairo, Mursi mostró su interés en "disipar los temores" acerca del proyecto de ley, tras la polémica suscitada por la anterior iniciativa del Parlamento para legislar esa materia.

El mandatario defendió que la norma solo busca "respaldar el papel de esas organizaciones y levantar las restricciones administrativas que obstaculizan su trabajo, uno de los más importantes medios de desarrollo del país".

Además, prometió que el estado "no perseguirá" a las organizaciones sociales, aunque continuará su labor de "protección frente a los riesgos e intentos externos de dañar la seguridad de la patria".

El presidente egipcio señaló que formará una comisión para el desarrollo sostenible y animó a los parlamentarios a introducir cambios para mejorar el proyecto de ley.

La asistente presidencial Bakinam al Sharqaui explicó ayer en una rueda de prensa que esta norma es diferente al borrador presentado anteriormente por el Parlamento, duramente criticado por grupos de la sociedad civil.

Al Sharqaui destacó que, según el nuevo proyecto, el registro de las ONG se llevará a cabo mediante notificación y no necesitará un "certificado de registro", requisito que aparecía en el anterior texto.

Frente a los temores de que la nueva ley pueda restringir el establecimiento y el trabajo de organizaciones no gubernamentales en Egipto, la asistente apuntó que se pretende equilibrar las libertades civiles y la seguridad nacional.

Según el nuevo proyecto de ley, los aparatos de seguridad no tendrán que dar la aprobación para que una ONG se inscriba, como ocurría antes, y habrá un plazo de un año para que las organizaciones ya existentes en Egipto normalicen su situación.

Los grupos de derechos humanos han alertado en varias ocasiones sobre el retroceso de los derechos humanos en Egipto y denunciado una campaña de las autoridades para desprestigiar a las ONG bajo el argumento de que reciben financiación extranjera.

El año pasado, se inició el proceso contra 43 trabajadores de ONG, entre ellos 19 estadounidenses, acusados de crear sedes de organizaciones internacionales sin el permiso del Gobierno egipcio y por recibir fondos del extranjero.