Barcelona.- El recorte del 10% de los presupuestos de salud para 2011 ha protagonizado en el ámbito sanitario los primeros cien días del gobierno de CiU que encabeza Artur Mas, una medida que ahora debe concretarse para ver cómo afecta realmente en la red asistencial.
Aunque el conseller de Salud, Boi Ruiz, ha asegurado que nadie se verá privado de ninguna prestación y que ninguna de las medidas que se apliquen para contener el gasto cruzarán la línea roja en lo que afecte a la relación médico-paciente, ya se han levantado muchas voces anunciando una merma de la calidad asistencial y repercusiones para el usuario.
El Departamento de Salud revisa en estos momentos las medidas de choque que cada centro ha propuesto para ajustarse a la nueva situación económica, y la fecha límite para conocer su alcance será el 22 de abril, cuando se presenten los presupuestos al Parlament.
Desde el departamento se argumenta que es necesario este recorte para garantizar la sostenibilidad del sistema, y que es una medida concreta y limitada en el tiempo porque se han encontrado con un déficit de casi 1.200 millones que hay que pagar.
Los recortes por la insuficiencia financiera ya se han concretado en una reducción de las estructuras directivas de los centros hospitalarios.
La falta de recursos ha provocado muchas críticas por parte de los alcaldes, partidos, sindicatos, profesionales y asociaciones de pacientes, una reacción que para el gobierno se debe básicamente a cuestiones electorales porque las consecuencias en el usuario no serán de calidad, sino desde el punto de vista de proximidad.
De momento, los sindicatos y gestores de la sanidad han avanzado ya algunas de las medidas propuestas y, en este contexto, hospitales de Barcelona como el Clínic, Vall d'Hebron o Sant Pau prevén cerrar quirófanos durante las tardes y el periodo estival, reducir el número de camas y suspender algunos servicios.
También los alcaldes del Baix Llobregat han firmado una declaración en la que manifiestan su preocupación por los efectos de los recortes en sanidad, en la que piden negociar su aplicación, y para el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, estos recortes son el aperitivo de lo que vendrá tras las elecciones.
Desde el PSC se ha acusado al Govern de inventarse unas pretendidas exigencias del Gobierno para crear una gran cortina de humo que permita enmascarar los recortes sociales en sanidad y educación, y para Izquiera Unida la medida rompe el espinazo del sistema sanitario público catalán y abre la puerta a la privatización.
Más moderada ha sido la respuesta del PPC que propone establecer un nuevo catálogo de prestaciones farmacéuticas de medicamentos genéricos para reducir el gasto en farmacia en 550 millones, mientras que desde ERC se afirma que la sanidad pública catalana no puede asumir más recortes.
Ante esta situación, los colegios de enfermería de Cataluña y la patronal, la Unión Catalana de Hospitales (UCH) han anunciado la puesta en marcha de sendos observatorios de seguimiento para detectar cómo estas medidas pueden comprometer la asistencia.
Por su parte, los médicos piden que los recortes se centren en aspectos burocráticos y que se de más protagonismo al profesional en la toma de decisiones.
Otro tema protagonista de estos cien días ha sido la entrada en vigor de la ley del tabaco que prohíbe fumar en espacios cerrados y en las zonas al aire libre de los recintos hospitalarios, una normativa a la que los fumadores, pese a las protestas, perece que se han adaptado bien, y que ha tenido como consecuencia la aparición de cientos de terrazas en las calles de las ciudades.
Deborah Hap
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