El robo de bebés lleva a abrir casi 600 expedientes desde 2013

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, informó hoy en el Congreso que desde 2013 se han iniciado en España casi 600 expedientes sobre casos en los que podría haberse producido sustracción de bebés.
Catalá se refirió a este asunto en el pleno de la Cámara Baja, donde el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán le preguntó qué está haciendo el Gobierno para resolver del todo los posibles casos de bebés robados.
Este diputado destacó las “quejas” que expresan las asociaciones que representan a estos afectados, que critican las dificultades para validar los análisis de ADN o el hecho de que los jueces sigan archivando causas sobre presuntos casos de sustracción de recién nacidos.
A este respecto, el ministro expresó la “mejor disposición” de su departamento para solventar cualquier deficiencia que pueda haber del sistema que el Gobierno puso en marcha en 2013, con el fin de facilitar toda la información a las familias de bebés robados y depurar eventuales responsabilidades legales.
En este sentido, Catalá explicó que en febrero de 2013 los Ministerios de Interior y Justicia, así como la Fiscalía firmaron un acuerdo para facilitar información a los afectados e iniciar expedientes cuando fuera necesario.
CORREGIR “DESAJUSTES”
El responsable de Justicia explicó que desde hace dos años se ha atendido a 1.400 personas que han solicitado datos sobre posibles casos de bebés robados, tras lo cual se iniciaron 592 expedientes. En concreto, en 2013 se informó a 753 personas y se abrieron 366 expedientes; en 2014 se dieron datos a 533 ciudadanos, con 188 expedientes; y en lo que va de 2015 se ha informado a 147 personas, con 38 expedientes.
Por último, el ministro reafirmó el “compromiso” del Ejecutivo contra el “auténtico drama personal y social” que suponen los casos de bebés robados. Por esto se mostró dispuesto a corregir los “desajustes” y las “necesidades de información adicional” que puedan existir, por lo que seguirá en contacto con las asociaciones que representan a los afectados.
Por su parte, Martínez Gorriarán dijo que el Gobierno “puede hacer bastante más” en este asunto, por lo que le pidió ser “más proactivo y más sensible a las demandas de los afectados”. Por este motivo, pidió los cambios respecto a los análisis de ADN que pide este colectivo e, incluso, impulsar cambios legales para que los casos de sustracción de recién nacidos no sean archivados como faltas administrativas por los jueces.