El robo de cobre inutiliza el suministro de emergencia de agua en Cádiz

  • La Guardia Civil ha detenido a siete personas acusadas de un delito continuado de robo de cable de cobre, estimado en unos 4.000 euros, que han destrozado el sistema de emergencia de abastecimiento de agua potable de la provincia de Cádiz, que costará reparar unos 2,5 millones de euros.

Cádiz, 28 abr.- La Guardia Civil ha detenido a siete personas acusadas de un delito continuado de robo de cable de cobre, estimado en unos 4.000 euros, que han destrozado el sistema de emergencia de abastecimiento de agua potable de la provincia de Cádiz, que costará reparar unos 2,5 millones de euros.

El Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía han anunciado que se personarán como acusación particular en la causa, según explica en un comunicado la Guardia Civil.

La investigación se inició cuando agentes de la Guardia Civil detectaron la venta de cable de cobre de un tipo poco común y cuando inspeccionaron, junto al personal del Consorcio, las instalaciones hídricas descubrieron que se había producido una sustracción en el sistema de emergencia, que entra en funcionamiento cuando existe algún problema en la red principal.

Dentro de la denominada Operación Entreaguas, el pasado 24 de abril se produjeron las detenciones simultáneas de siete personas en las localidades de San José del Valle, Arcos, Alcalá del Valle, El Cuervo y Coín.

La Guardia Civil añade en su comunicado que este tipo de robos ocasiona un grave perjuicio que "va más allá del valor de los cables que se han cortado", ya que, para poner de nuevo en servicio estas instalaciones, se requiere la contratación de empresas especializadas, compra de material y abono de indemnizaciones a los usuarios afectados.

En ocasiones, para reponer un corte de unos metros de cable, es necesario reponer líneas enteras, que pueden ser kilométricas.

La Guardia Civil advierte además de que los autores de los robos corren peligro, puesto que el material manipulado soporta corrientes de alta tensión de miles de voltios.

La operación sigue abierta, por lo que no descartan que se produzcan nuevas detenciones.

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