El Salvador incluye a presidente, altos cargos y prensa en ley contra lavado

San Salvador, 17 jul (FE).- El Parlamento salvadoreño incluyó a altos cargos políticos como el presidente, así como medios de comunicación y empresas mixtas como sujetos de investigación en las reformas a la ley contra lavado de dinero que se espera desbloqueen ayudas millonarias de EE.UU., informaron hoy fuentes legislativas.

La Asamblea Legislativa, de 84 escaños, aprobó las reformas de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos el miércoles con el voto unánime de los 72 diputados presentes en la plenaria, apuntó hoy un comunicado de ese órgano.

Mediante las enmiendas se busca adaptar la legislación local a las disposiciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), el organismo que califica a los países en el cumplimiento del combate contra el blanqueo de dinero.

Estados Unidos condicionó a estas reformas (y a otras de la ley de asocios público-privados, aprobadas hace varios meses) la firma del programa Fomilenio II, que supone la donación de 277 millones de dólares para proyectos de desarrollo en El Salvador.

El Fomilenio II fue aprobado por Estados Unidos el 12 de septiembre de 2013, pero en diciembre del mismo año ese país anunció que no se firmaría en espera de las reformas.

Las reformas de la ley antilavado tienen "el fin de armonizar el ordenamiento jurídico de El Salvador a los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo, crimen organizado, narcotráfico y cualquiera de sus variantes", señaló el comunicado del Parlamento.

Añadió que "las reformas establecen que los sujetos de aplicación de la ley serán personas naturales o jurídicas, quienes deberán presentar la información que les requiera la autoridad competente, que permita demostrar el origen lícito de cualquier transacción que realicen".

Las enmiendas incluyen como sujetas de investigaciones por lavado a las personas expuestas políticamente (PEP), como presidente y vicepresidente de la República, diputados, presidente, magistrados y jueces del Poder Judicial, los fiscales, magistrados electorales y de cuentas, y concejales municipales, entre otros, según la nota.

Además, a sectores diversos como partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, "medios de comunicación de cualquier modalidad", microfinancieras, casinos, emisoras de tarjetas de crédito y "toda sociedad, empresa o entidad de cualquier tipo, nacional o extranjera, regulada por la Superintendencia del Sistema Financiero", entre otros, añadió el comunicado.

Durante el debate hubo polémicas entre diputados del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y del principal partido opositor, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), por la inclusión de medios de comunicación y empresas como ALBA Petróleos, según medios locales.

ARENA exigía la exclusión de los medios de comunicación y la inclusión de las empresas de economía mixta, pero los oficialistas y sus aliados sólo aceptaron esto último.

ALBA Petróleos fue creada en 2006 por la estatal Petróleos de Venezuela y una veintena de alcaldías controladas por el FMLN, maneja un negocio de importación y distribución de combustibles y en los últimos años ha expandido sus inversiones a otros sectores.