El Supremo italiano permite revisar las penas a traficantes de drogas blandas

Roma, 29 may.- El Tribunal Supremo de Italia decidió hoy permitir la revisión a la baja de penas por condenas en firme por tráfico de drogas blandas, lo que podría tener como consecuencia la puesta en libertad de miles de reclusos, según medios locales.

El órgano judicial, presidido por Giorgio Santacroce, adoptó esta decisión tras aceptar un recurso de la fiscalía de Nápoles contra la decisión de un tribunal que negó a un condenado por venta de drogas ligeras la revisión de su pena.

El recurso surgió a raíz de la declaración de inconstitucionalidad de la norma antidrogas italiana.

Se trata de la ley "Fini-Giovanardi", cuya entrada en vigor se remonta al año 2006, durante el segundo Gobierno de Silvio Berlusconi, y que, al equiparar las drogas duras con las blandas, imponía penas de hasta 20 años de prisión y 260.000 euros de multa a los traficantes.

El pasado 12 de febrero, el Tribunal Constitucional de Italia declaró la inconstitucionalidad de dicha norma y los magistrados del Supremo, este jueves, han aceptado la revisión de las penas por tráfico de drogas blandas derivadas de dicha normativa.

Ahora deberán ser revisadas a la baja las sentencias en firme adoptadas durante la época de la ley "Fini-Giovanardi", lo que, según los medios de comunicación italianos, podría suponer la puesta en libertad de personas condenadas por delitos de esta índole.

El coordinador de los defensores de los derechos de los presos, Franco Corleone, señaló que a tenor de las primeras estimaciones, el número de presos que podrían beneficiarse de la decisión del Supremo podría ascender a 10.000.

Corleone explicó que los narcotraficantes detenidos en Italia por la ley "Fini-Giovanardi" son 23.000, de los cuales el 40 % permanecen recluidos por venta de cannabis.

En la actualidad y tras la declaración de inconstitucionalidad de la ley, el país cuenta con una norma de 1993, conocida como "Iervolino-Vassali", que prevé sanciones más bajas en relación con las drogas.

Con la decisión del Constitucional de febrero y con la de hoy del Supremo, "Italia pasa a ponerse de acuerdo con la jurisprudencia de Estrasburgo y con la Carta de los Derechos Humanos", señaló a los medios el miembro del Consejo Superior de la Magistratura Giuseppe Maria Berruti.