El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por 50 senadores socialistas contra la reforma de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha, que reducirá de 49 a 33 el número de diputados en las Cortes autonómicas, y que fue aprobada con los únicos votos del PP el pasado mes de julio.
La razón argumentada desde el Gobierno de Cospedal es la austeridad económica. Los diputados autonómicos no disponen de salario desde finales de 2012, salvo los miembros de la Mesa y del Ejecutivo regional.La oposición habla de pucherazo
Desde la oposición, el PSOE tachó la reforma de pucherazo electoral. Argumentan que con ella, cabe la posibilidad de que el partido más votado en los próximos comicios autonómicos, no sea el que más diputados obtenga en el Parlamento regional. El portavoz socialista en las Cortes, José Luis Martínez Guijarro, explicó en su día que "hay provincias donde serán necesario el 18 por ciento de los votos (para conseguir un diputado)".
En sus argumentos, critican también que la secretaria general del PP ha cambiado en tres años dos veces la ley electoral. En la primera ocasión se aumentó el número de parlamentarios de 49 a 53. La ley no fue aplicada y se cambió por la actual, que establece en 33 el número de escaños.
En el recurso, que fue presentado el pasado 27 de octubre, los socialistas pedían al alto tribunal que entrara en el fondo del asunto y que suspendiera de manera cautelar la última Ley Electoral aprobada por la presidenta castellano-manchega, María Dolores de Cospedal.
Los socialistas también presentaron recurso contra la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, paso previo a reformar la Ley Electoral, que también fue admitido a trámite por el alto tribunal el pasado 11 de septiembre.
La reforma estatutaria fue aprobada únicamente con los votos del PP en las Cortes autonómicas y también en el Congreso de los Diputados.
El tribunal acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, así como a las Cortes regionales y al Gobierno de Castilla-La Mancha, que disponen de quince días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones.
La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del citado asunto, que el tribunal resolverá en próximas fechas, ha informado el Constitucional en un comunicado.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios