El tercer rapapolvo a la 'Ley Sinde' en poco más de un mes

Gráfico: En qué consiste la Ley Sinde

El primero en criticar el contenido del anteproyecto de ley fue el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que llamó la atención sobre la “sobrecarga de trabajo extra” que supondría para la para la Administración de Justicia el hecho de que la Audiencia Nacional sea el órgano competente para la autorización o no del cierre de páginas web de descargas ilegales.

El órgano de Gobierno de los jueces señalaba en su informe que en la Memoria de la Ley de Economía Sostenible, que acompaña al anteproyecto de ley, "no se valora de forma específica el efecto que puede derivarse de la concentración en los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de la nueva competencia atribuida” y alertaba que se podría plantear “la necesidad de ampliar la planta de esos Juzgados o en establecer ciertas medidas de refuerzo".

Estudiar el coste de la medida

En este sentido, este órgano pedía que se realice una estimación del coste judicial que supondría el cierre de páginas web “que tenga en cuenta el impacto de las reformas propuestas en términos de empleo, actividad y precios".

También planteaba que se realizara “alguna referencia -siquiera fuese aproximada- al número de procedimientos administrativos anuales que se calcula que podría tener que instruir y resolver la Comisión de Propiedad Intelectual en esta materia para, partiendo de esa cifra, establecer cuántas intervenciones podrían ser necesarias por parte de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo".

Reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual

El segundo órgano consultivo que se pronunció al respecto fue el Consejo Económico y Social que si bien ciñó su informe a la parte más económica del anteproyecto de ley, sí aconsejaba al Gobierno acometer “una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual” para conjugar los derechos e intereses de los autores, usuarios y operadores.

Una conclusión a la que también llegaba el informe de la Comisión Nacional de la Competencia en la que se denunciaba el “monopolio de las entidades de gestión” y que vienen pidiendo varias formaciones políticas en el Congreso de los Diputados, que exigen que se retire del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible todo lo que afecta a la Propiedad Intelectual.