Madrid, 8 jul.- El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha anunciado hoy que este organismo modificará los procesos de selección de personal -en lo referente a letrados y auditores-, eliminará puestos de libre designación y estudiará someterse a auditorías de organismos externos.
Álvarez de Miranda ha anunciado estas medidas para mejorar la transparencia durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas para dar explicaciones sobre las informaciones publicadas por el diario El País que apuntaban a posibles casos de nepotismo en la contratación de personal o irregularidades en la contratación de obras.
El presidente del Tribunal ha negado todas esas informaciones, pero ha explicado que, para "recuperar la confianza" de los ciudadanos ante acusaciones "equivocadas" de ineficiencia y falta de cualificación, el organismo va a poner en marcha una serie de cambios.
El primero y más importante es la reforma de las oposiciones a los puestos de letrado y auditor -los de mayor cualificación-, de forma que se adecúen a otros procesos de selección de "cuerpos de reconocido prestigio" como los abogados o interventores del Estado.
Además, para "evitar cualquier apariencia de discrecionalidad" en las oposiciones, el organismo fiscalizador va a modificar la composición de los tribunales que evalúan a los aspirantes, aumentando el número de funcionarios que no presten servicios en el Tribunal de Cuentas.
En línea con todo esto, Álvarez de Miranda ha anunciado también que se va a congelar la incorporación de personal laboral y que estudiarán "una modificación de la relación de puestos de trabajo primando la designación por concurso frente a la libre designación", con el fin de evitar posibles casos de enchufismo como los denunciados por El País.
Álvarez de Miranda ha insistido en negar esas informaciones, y ha subrayado que el diario "mete todos los casos en el mismo saco" cuando se trata de situaciones "heterogéneas".
El otro gran anuncio ha sido la propuesta de que la actividad del Tribunal de Cuentas sea analizada por un organismo externo "mediante el proceso de revisión entre pares".
De esta manera, se procederá a una evaluación externa de las actuaciones del Tribunal por parte de otra entidad fiscalizadora superior que puede ser, por ejemplo, un tribunal de cuentas de un país extranjero.
El propio Tribunal de Cuentas español ya participó en un proceso parecido, auditando junto al alemán la actividad del órgano fiscalizador de Perú.
Como respuesta a la informaciones que denunciaban que el Tribunal troceaba contratos de obras y los otorgaba todos a una empresa vinculada a un alto cargo del organismo -acusaciones que Álvarez de Miranda ha negado repetidamente-, su presidente ha anunciado que todos los contratos se publicarán en la web, aunque estos no lleguen al mínimo legal que exige su publicación.
Junto a ellos, el Tribunal de Cuentas también publicará la relación de puestos de trabajo y el currículum de todos sus integrantes.
Álvarez de Miranda ha precisado que estas medidas deben ser analizadas por el órgano colegiado que dirige el Tribunal y que puede "modificarlas o ampliarlas", al tiempo que ha reclamado más medios a la administración para controlar la actividad financiera de los partidos.
Además de comprobar "los justificantes y las facturas" de las formaciones políticas, ha señalado que con más letrados y auditores se podría fiscalizar "directamente" la actividad de los partidos "que no está reflejada en sus cuentas".
Con matices, los grupos parlamentarios han valorado las medidas anunciadas por el presidente del Tribunal de cuentas, y le han animado a emprender las reformas que sean necesarias para aumentar la transparencia y la ejemplaridad de la institución.
Entre los más críticos, Ricardo Sixto, de la Izquierda Plural, que ha reclamado la dimisión de los miembros de la comisión de gobierno del Tribunal responsables de las contrataciones, y Álvaro Anchuelo, de UPyD, quien ha criticado la "falta de independencia", razón principal, ha dicho, de su pérdida de prestigio.
El senador socialista Ciprià Císcar ha apuntado que es necesario afrontar cambios de estructuras y a introducir mejoras que aumenten la limpieza y eviten cualquier menoscabo de la imagen del organismo, mientras que el senador del PP Eloy Suárez ha admitido que deben acometerse algunos cambios, como el de la modificación de los tribunales de selección de personal. EFE
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