El tribunal modifica el orden de declaraciones y Matas será el último

Palma, 9 ene.- El tribunal que juzga desde hoy al expresidente del Govern Jaume Matas y a otros cinco imputados ha aceptado modificar el orden de la declaración de los acusados de manera que la primera en declarar es la ex jefa de gabinete, María Umbert, y el exmandatario será el último.

Tras una breve interrupción del juicio para estudiar las cuestiones previas planteadas por Fiscalía y defensas, la presidenta de la sección primera de la audiencia y ponente del juicio, Margarita Beltrán, ha indicado que la sala ha admitido la alteración del orden de declaraciones.

Umbert será la primera; seguida de la que fue directora de gabinete de Matas, Dulce Linares; el ex director de Comunicación del Govern Joan Martorell; el director de la empresa de comunicación Nimbus, Miguel Romero; el periodista Antoni Alemany y el expresidente Matas, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Entre las cuestiones previas, el tribunal ha aceptado que el cuñado de Matas, Fernando Areal, acuda a declarar como testigo, para lo que se fijará fecha.

El abogado de Matas, Antonio Alberca, había pedido que se añadiera a la causa como prueba documental una declaración de Areal del 31 de agosto de 2009, pero finalmente ha pedido que acuda a declarar como testigo, por lo que el tribunal fijará una fecha para que lo haga.

El primer juicio del caso Palma Arena ha empezado sobre las 10.00 horas y a la media hora se ha suspendido durante cinco minutos para que el tribunal analizara las cuestiones previas planteadas por la Fiscalía y por varios abogados de la defensa.

En este primer juicio del Palma Arena, Matas se enfrenta a una pena de 8 años y medio de cárcel por supuestos pagos fraudulentos con fondos públicos, por valor de 483.186 euros, al periodista que le escribía los discursos.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a Matas de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, prevaricación, tráfico de influencias y fraude a la Administración y piden una condena a 15 años de inhabilitación absoluta por los cuatro primeros delitos y a 8 años de inhabilitación para cargo público por el quinto de ellos.