Empresario en prisión niega irregularidades en proyectos del caso cooperación

Valencia, 20 mar.- El empresario Augusto César Tauroni, en prisión provisional desde hace un año por el "caso cooperación", ha asegurado hoy ante la juez que no incurrió en irregularidad alguna para conseguir la adjudicación de proyectos públicos de ayuda internacional, que además, según sostiene, ejecutó como estaban previstos.

Tauroni, exresponsable de la Fundación Hemisferio y principal imputado en este supuesto fraude de fondos de la Generalitat, ha defendido esta postura durante las nueve horas y media que ha permanecido prestando declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El empresario fue uno de la veintena de detenidos con la que se saldó una operación policial ordenada en febrero de 2012 por el juzgado de instrucción que inició el caso y el único de ellos que permanece en prisión provisional sin fianza por una supuesta trama de ONG en la que se podrían haber malversado seis millones de euros.

El Tribunal Superior de Justicia valenciano asumió la causa el verano pasado, después de que la instructora apuntara la presunta participación del exconseller de Solidaridad Rafael Blasco, aforado por su actual condición de diputado autonómico del PP.

En su prolongada declaración ante la magistrada que ahora investiga el caso, Tauroni ha mantenido los argumentos esgrimidos por otros responsables de las ONG implicadas en la causa: no hubo irregularidad alguna en la obtención de las ayudas ni en la ejecución de los proyectos.

También ha negado que su relación con el entonces conseller de Solidaridad fuera más allá de lo profesional, según han informado a EFE fuentes de la investigación.

Esta mañana, una hora antes que él, ha comparecido su hermano Arturo, también en calidad de imputado, quien únicamente ha respondido a las preguntas de su abogado.

Al terminar su declaración, Arturo Tauroni ha justificado ante los periodistas que está en su "derecho" de responder únicamente a su letrado y ha dicho que estaba "muy satisfecho" de su testimonio y que confía en la justicia.

La acción judicial se sigue por un supuesto fraude en las subvenciones concedidas por la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía que dirigía Rafael Blasco en los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011, destinadas a la cooperación al desarrollo con el tercer mundo.

Se investiga el supuesto desvío parcial de las cantidades que dieron a determinadas ONG con facturas que, supuestamente, se hinchaban para justificar el dinero concedido.

Los proyectos sobre los que presuntamente se ha desviado parte del capital concedido por la administración se ubicaban en Guinea Ecuatorial, Camerún, Mauritania, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Tailandia y Haití.

En el caso de Nicaragua, la Generalitat concedió una subvención de 1,6 millones de euros, de los cuales, según denuncian las partes personadas, únicamente se emplearon 70.000 euros, desviando el resto para comprar viviendas en Valencia.

En la causa hay 33 personas imputadas, siete de las cuales ocupaban cargos en la administración autonómica, como el exconseller Blasco, el ex director general de Cooperación de la Generalitat Josep María Felip y el exsubsecretario de la Conselleria de Sanidad Alexandre Catalá.