Managua, 13 jun.- La principal cúpula empresarial de Nicaragua no descartó hoy recurrir por inconstitucionalidad la ley que crea una Unidad de Análisis Financiero (UAF) para combatir el lavado de dinero, bienes y activos ilícitos, con el fin, según ese gremio, de tutelar el derecho de los nicaragüenses.
En un comunicado titulado "Gobierno rompe consenso económico en el ámbito legislativo", el Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (Cosep) criticó al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) por aprobar esa ley sin el consenso del sector privado.
El Cosep explicó que si bien ellos respaldaban la aprobación de una ley creadora de la UAF "que cumpla con los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y activos", entre otros, en este caso los legisladores sandinistas no tomaron en cuenta sus aportes ni de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp).
"Nos confrontamos con un escenario legislativo por el cual se aprobó una ley sin tomar en cuenta las principales observaciones que hemos presentado en defensa de los derechos y garantías constitucionales de todos los nicaragüenses", advirtió el gremio empresarial.
Por tanto, el Cosep anunció que "hará uso de los recursos constitucionales que estén a su alcance para la tutela de esos derechos".
Los 63 diputados sandinistas aprobaron este martes esa ley que crea la UAF para combatir el lavado de dinero, bienes y activos ilícitos, y que, según los opositores que votaron contra, también podría permitir al Estado cometer actos de persecución y espionaje político.
La UAF, según lo sancionado, se encargará de prevenir el lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiación al terrorismo.
Para ello podrá solicitar informes sobre cualquier transacción sospechosa a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y públicas o privadas, lo que la oposición percibe como una amenaza para quienes disienten con el Gobierno de Daniel Ortega.
El articulado de la nueva norma añade que no existe una "lista taxativa o limitativa" de las personas o empresas que deberán entregar información a la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía Nacional.
La ley tipifica como "transacciones sospechosas" aquellos giros que igualan o superan en un día los 10.000 dólares.
El grupo parlamentario del FSLN, sin embargo, negó cualquier posibilidad de espionaje político.
El jefe del grupo parlamentario oficialista, Edwin Castro, sostuvo que la ley fue discutida por "exigencia de las potencias internacionales para combatir el lavado de dinero" y para que Nicaragua salga de la lista gris conforme las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic).
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