Encarcelada una anciana en España por no derribar una casa ilegal

"A las 15H35 (13H35 GMT) del 24 de agosto Josefa ha entrado en prisión", informaba su hija, Minerva Zerpa, en una página de la web de peticiones en línea change.org.

Esta recogía una petición al gobierno, firmada el lunes por más de 75.000 personas, para que Josefa Hernández, de 63 años, fuese indultada de la condena de seis meses impuesta por un tribunal canario al negarse a derribar una casa construida sin permiso en el Parque Rural de Betancuria, en la isla de Fuerteventura.

La justicia le imputa un delito contra el medio ambiente por edificar en un terreno protegido heredado de sus padres.

Allí "vive con su hija Cristina, con un 39% de discapacidad, sus tres nietos y su hijo Raimundo, parado de larga duración", afirma Zerpa. Según la prensa española, los cinco depende de la pensión de jubilación de Josefa para vivir.

"Solo un gobierno zombie permite encarcelar a personas mayores y no a los responsables de la estafa hipotecaria", denunciaba este lunes la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), grupo de indignados creado a principios de los 2000 por la ahora alcadesa de Barcelona Ada Colau, que en los últimos años ganó gran relavancia impidiendo el desalojo de familias incapaces de pagar sus créditos inmobiliarios.

En un país sumido en la crisis desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, los españoles se muestran cada vez más indignados por la falta de ayudas a las personas desfavorecidas al tiempo que se rescata a la banca o se multiplican los escándalos de corrupción.

"Josefa acaba de ingresar en prisión (...) y Rodrigo Rato sigue todavía en la calle", denunciaba la PAH en Twitter en referencia al exdirector gerente del FMI.

Ex vicepresidente del gobierno español y antigua figura del gubernamental Partido Popular de Mariano Rajoy, Rato está imputado por estafa, apropiación indebida, delitos contables, falsedad documental y administración desleal en la salida a bolsa en 2011 de Bankia, entidad rescatada en 2012 con miles de millones de euros de dinero público. Se le investiga también por fraude fiscal y blanqueo.

acc/lmm.