Enríquez Ominami declaró por cerca de tres horas en la Fiscalía Nacional, en medio de una gran expectación periodísticas y un centenar de partidarios.
La justicia trata de establecer si Enríquez Ominami recibió financiamiento ilegal por parte de Soquimich (SQM), una de las mineras no metálica más importantes del mundo y que hasta hace poco estaba controlada por Julio Ponce, exyerno del dictador Augusto Pinochet (1973-1990).
"He renunciado a mi derecho de guardar silencia. Confirmo y reafirmo que he actuado conforme a la ley", dijo el político después de prestar declaración.
Enríquez Ominami es investigado luego de que su exjefe de campaña, Cristian Wagner, recibiera 360 millones de pesos (unos 510.000 dólares) por parte de una de las filiales de SQM, a cambio de la entrega de 34 facturas por servicios aparentemente no prestados, por las cuales rebajaban el pago de impuestos.
El político ha negado las imputaciones en su contra. "No hay enriquecimiento personal, ni facturas falsas", dijo al inicio de las indagaciones a mediados de año.
Enríquez Ominami es un exdiputado del Partido Socialista chileno, que ha competido en las dos últimas elecciones presidenciales (2009 y 2013), llegando en el tercer lugar de las preferencias, con cerca del 20% de los votos.
Con esa plataforma fundó el Partido Progresista, una pequeña agrupación que no tiene representación parlamentaria, que lo tiene como más serio aspirante para los comicios generales de 2017.
MEO, acrónimo por el que se conoce al político, es cineasta de profesión e hijo del exguerrillero y líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Miguel Enríquez, abatido por la dictadura de Pinochet.
Por ese vínculo, se le ha cuestionado especialmente que haya recibido aportes desde la minera controlada por el exyerno del exdictador.
El caso forma parte de una amplia investigación por financiamiento ilegal de la actividad política que estalló este año en Chile, y que salpicó a representantes de la mayoría de los partidos políticos a través del mismo método: el uso de boletas por servicios no prestados.
La investigación arrancó con el grupo económico Penta, que financió de esta forma por años a políticos conservadores, siguió con SQM y la pesquera Corpesca.
pa/hov
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