Entidades sociales paraguayas piden liberación de presos en huelga de hambre

Asunción, 12 abr.- Nueve organizaciones sociales paraguayas pidieron hoy en un comunicado conjunto que se conceda el arresto domiciliario, en lugar de prisión preventiva, a cinco campesinos que llevan 58 días en huelga de hambre, acusados de intento de homicidio por una matanza en 2012.

Las entidades, que incluyen asociaciones rurales, de mujeres y educativas, aseveran que la Fiscalía "realizó una investigación parcial y una acusación arbitraria" contra los cinco hombres.

En su comunicado exigen "que se brinde a los huelguistas el beneficio del arresto domiciliario, salvando de esa manera sus vidas y permitiendo que sigan luchando por la justicia".

Un tribunal negó el pasado miércoles la petición de la defensa de que los imputados esperen en sus casas el juicio, marcado para junio, una decisión que sus abogados han apelado.

Los campesinos fueron trasladados la semana pasada al hospital militar de Asunción desde la cárcel de Tacumbú debido a su delicada situación de salud.

Las organizaciones alentaron a los ciudadanos a unirse a movilizaciones para exigir su libertad y criticaron al poder judicial por mantener en prisión a los campesinos "en espera de un juicio con sentencia previa".

Los detenidos están acusados de intento de homicidio de seis policías, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno por un enfrentamiento en junio de 2012.

Firmaron la declaración organizaciones rurales como la Central Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares; la Coordinadora de Empresas Asociativas Rurales Departamentales; y la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas.

También lo suscribieron la Central de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua del Paraguay; el Centro de Documentación y Estudios; la Coordinadora de Organizaciones Sociales y Comunitarias de los Bañados de Asunción; la Federación de Mujeres del Paraguay; el Foro por el Derecho a la Educación; y la Mesa Departamental de Organizaciones Sociales de Cordillera.

Los hechos ocurrieron cuando la Policía intentó desalojar a un grupo de campesinos que había invadido unas tierras cuya propiedad se disputan el Estado y la familia del fallecido Blas Riquelme, quien fue un importante funcionario del Partido Colorado, actualmente en el poder.

Los campesinos ocuparon la finca para forzar su vuelta al Estado y que formara parte de la reforma agraria.

Durante el enfrentamiento, en una zona rural del municipio de Curuguaty, a unos 250 kilómetros al este de Asunción, murieron once campesinos y seis policías.

Una semana después, el Parlamento paraguayo destituyó al entonces presidente, Fernando Lugo, tras un controvertido juicio político y nombró como presidente a Federico Franco, del Partido Liberal, hasta ese momento aliado del Gobierno.