Entra en su recta final macrojuicio a doctor peruano por abortos en España

Barcelona (España), 22 nov.- El macrojuicio que se sigue en Barcelona al doctor peruano Carlos Morín y a sus principales colaboradores entró hoy en su recta final con la exposición del informe final por parte de la fiscal, que rebajó de 309 a 273 años su petición definitiva de cárcel para el médico.

El doctor Morín fue acusado por la fiscal de haber practicado 89 abortos ilegales en sus clínicas de Barcelona movido únicamente por el dinero, ya que considera que no actuó por filantropía o con ánimo de ayudar a sus pacientes.

En su escrito de acusación definitivo, la fiscal rebajó su petición inicial a Morín de 309 años de cárcel hasta los 273 -de los que únicamente 15 serían de cumplimiento efectivo en prisión-, ya que ha retirado de la causa una docena de abortos supuestamente ilegales que se le atribuían inicialmente, pero que se encuadran en los supuestos previstos en la nueva ley.

Según la fiscal, Morín, su esposa y socia María Luisa D.S. -para quien pide 171 años de cárcel- así como los otros nueve acusados, entre ellos ginecólogos, psiquiatras y anestesistas, eran plenamente conscientes de la ilegalidad de los abortos que se practicaban en la clínica.

Según la acusación se alteraban los historiales de las pacientes y falsificaban sus test psiquiátricos para dar apariencia de legalidad.

Para el ministerio público, en el juicio ha quedado plenamente acreditado que Morín, que ejercía el control absoluto en sus clínicas, y sus colaboradores no actuaron llevados por "ninguna filantropía" o "ánimo de ayudar" a sus pacientes -muchas de las cuales acudían a abortar debido a malformaciones en el feto-, sino que únicamente se movían por dinero.

"Los acusados eran conscientes de la ilicitud de lo que estaban haciendo", sostuvo la fiscal, que recordó que en algunas conversaciones telefónicas intervenidas a los acusados se oyen frases como "vamos a acabar en la cárcel".

Según la fiscal, en la mayoría de los casos, cuando las pacientes -muchas de ellas en un avanzado estado de gestación- acudían a las clínicas del doctor Morín, los abortos se practicaban en base al primer supuesto legal, relativo a que el embarazo podía implicar un grave riesgo para la salud psíquica o física de la paciente, falsificando las pruebas.

De hecho, según la fiscal, los psiquiatras no visitaban a las pacientes y se limitaban a rellenar de forma "mendaz y falsa" sus informes, para que encajaran en los supuestos previstos en la ley para abortar.

A diferencia de la fiscal, las acusaciones particulares han modificado sustancialmente a la baja sus peticiones de pena, han retirado la acusación contra algunos de los colaboradores de Morín e incluso dos de ellas, E-Cristians y el Colegio de Médicos, han rebajado a la mitad, hasta unos 50, los supuestos casos de abortos ilegales.