Entra en vigencia la emergencia por inseguridad en provincia de Buenos Aires

Buenos Aires, 7 abr.- Las medidas de emergencia en materia de seguridad decretadas en la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, entraron hoy en vigencia entre el respaldo de sectores de la oposición y críticas del oficialismo a esta medida, que busca poner freno a la ola de delitos cada vez más violentos.

La emergencia fue decretada el pasado sábado por el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, quien hoy reiteró su pedido de "colaboración" a "todos los sectores políticos y niveles de Gobierno para combatir este flagelo".

"Tenemos que buscar que el delincuente tenga miedo, no la gente", dijo el mandatario en declaraciones a radio La Red, de Buenos Aires.

Scioli, del gobernante Frente para la Victoria y con pretensiones de suceder a Cristina Fernández tras las elecciones presidenciales de 2015, confirmó que no consultó a la mandataria sobre la adopción de la emergencia, que regirá por un año.

Por la mañana, el jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, desmarcó al Gobierno de Fernández frente a la decisión adoptada por Scioli.

Capitanich dijo en una rueda de prensa que Scioli "habrá hecho una evaluación pormenorizada y exhaustiva en la problemática" antes de tomar una decisión adoptada por cuenta "propia".

El plan implica convocar a miles de policías retirados y agentes de seguridad privada para sumarlos a la red de prevención con la obligación de avisar a la Policía sobre situaciones de riesgo.

También supone una inversión de 600 millones de pesos (74,6 millones de dólares) en equipamientos para intensificar el patrullaje por las calles.

Asimismo, Scioli enviará a la Legislatura provincial un proyecto para crear diez fiscalías especializadas en narcotráfico.

Las medidas excepcionales se completan con la construcción de nuevas alcaidías (juzgados de instrucción) para alojar a unos mil detenidos, a la espera de ser procesados.

Desde el oficialismo, fue el propio vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, quien criticó la medida de Scioli al afirmar que "no hay seguridad sin inclusión y equidad" y reclamar "atacar el origen del problema".

En declaraciones radiales, Mariotto, quien tiene públicas diferencias con Scioli y que estuvo ausente en el anuncio del sábado, se pronunció en contra de actuar con medidas que "lleven a posiciones de coyuntura que responden a un interés de instalación mediática pero que después en vez de transformarse en una solución es un problema".

En tanto, la Asociación Pensamiento Penal, integrada por jueces, fiscales, abogados, profesores y alumnos universitarios de derecho, aseguró en un comunicado que la emergencia "se encuentra destinada al fracaso".

Según la organización no gubernamental, el plan anunciado por Scioli sumará "una nueva frustración a una desorientada población, necesitada de respuestas reales y duraderas que mejoren su calidad de vida".

La asociación sostuvo que durante años se han aplicado "recetas" que, como consecuencia, acarrearon menores derechos y garantías para "los sectores más desprotegidos de la sociedad".

"Nos oponemos a la dudosa asignación y prioridad de los escasos recursos económicos, postergando una vez más la posibilidad de orientarlos a la promoción de sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad y, por ende, con mayor proclividad de incurrir en conductas sancionadas por la ley", sostuvieron.

Por el contrario, sectores de la oposición se mostraron a favor de la medida, como el diputado del Frente Renovador Alberto Asseff, quien declaró que el plan "ha llegado muy tarde" pero tendrá el apoyo de ese partido "ya que el flagelo de la inseguridad no debe entrar en ninguna especulación política".

Por su parte, el diputado Gustavo Valdés, de la Unión Cívica Radical y vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior, anticipó que prepara un proyecto de ley para declarar la emergencia nacional en seguridad pública, tal como lo hizo Scioli en territorio bonaerense.