ERC pone sus líneas rojas al PSOE: no es sólo el independentismo, también el artículo 135

    • Los republicanos inscriben la cesión de los senadores en la normalidad parlamentaria. "Es cortesía", dice un dirigente.
Pedro Sánchez, secretario general del PSOE.
Pedro Sánchez, secretario general del PSOE.

La cesión por parte del PSOE de cuatro senadores a ERC y Democràcia i Llibertad, marca de CDC, para la formación de un grupo propio ha desatado todas las suspicacias sobre un posible acuerdo con los independentistas para la investidura.

La negociación con los republicanos fue rechazada en el partido desde el mismo día de los comicios y Sánchez descartó en los últimos días que estuviese dispuesto a pedirles apoyo. Pero, en el actual escenario, cualquier afirmación queda en cuestión de horas en papel mojado. Algunas declaraciones públicas, como la de Miquel Iceta hace unos día afirmando que es momento de "puentes" y no de "frentes", añaden más incertidumbres.

Que el secretario general maniobre para lograr al menos la abstención de los nueve diputados de ERC es una posibilidad que en el partido no se descarta en absoluto. Ello, pese a que el acuerdo del comité federal del pasado diciembre marca expresamente "la renuncia" a la autodeterminación, el separatismo y la consulta como "condición indispensable para que el PSOE inicie un diálogo con el resto de formaciones políticas".

Los republicanos, por su parte, inscriben la cesión de los senadores en la "simple cortesía parlamentaria" y marcan también sus condiciones. "Para nosotros PPSOE son muy similares. Son dos formaciones que califican de amenaza el voto de los catalanes. Dos formaciones que aprobaron el artículo 135", recuerda un dirigente, que apostilla: "Dicho esto, está todo por hablar".

Las líneas enfrentan la propuesta de modificación de la Carta Magna presentada en su momento por los socialistas, y que tiene dos aspectos relevantes. Por un lado, el modelo de Estado federal para resolver la cuestión territorial. Por otro, la modificación del artículo 135 para blindar los derechos sociales de la reforma exprés acordada por Rodríguez Zapatero y Rajoy en 2011.

Sánchez aclaró que haría lo posible por enmendar el "error", si bien matizó también que no se trata de una derogación porque el principio de estabilidad presupuestaria se mantiene.

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