Errores desatan un conflicto larvado en las fuerzas de seguridad argentinas

Mar Marín

Buenos Aires, 4 oct.- "Estamos a favor de la democracia, simplemente pedimos un dinero que nos corresponde". El reclamo de los gendarmes argentinos resumido en esta frase ha desatado un conflicto sin precedentes en las fuerzas de seguridad que distintos analistas atribuyen hoy a errores de gestión del Gobierno argentino.

"Esto es un reclamo salarial, no es un reclamo político", insistía hoy uno de los agentes movilizados frente a la sede de la Gendarmería, en el barrio porteño de Retiro, para ahuyentar cualquier teoría "conspirativa" contra el Ejecutivo.

Pese al relevo en las cúpulas de la Gendarmería y la Prefectura (Guardacostas) en medio de la inusitada protesta de centenares de agentes en las calles y el pago de los salarios de septiembre sin recortes, el Gobierno no ha logrado frenar la movilización y se ha dado de plazo hasta el martes para pronunciarse sobre las demandas.

La protesta comenzó el martes en Buenos Aires encabezada por agentes de Prefectura que rechazaban recortes salariales del 30 al 60 por ciento en virtud de un decreto del Ejecutivo.

En un contexto de malestar en el seno de dos de las principales fuerzas de seguridad argentinas, la mecha de la protesta prendió como la pólvora y en menos de 24 horas se había extendido a Gendarmería y al interior del país.

Al grito de "la fuerza unida, jamás será vencida", "no se toca, el sueldo no se toca", o entonando el himno nacional, cientos de agentes de gendarmería y prefectura han ofrecido una imagen insólita con movilizaciones en las calles de las principales ciudades del país.

El conflicto ha dejado en evidencia la anarquía salarial que existe entre los distintos escalafones, con salarios mínimos de 2.200 pesos (unos 500 dólares) y pagos fuera de nómina, que no cotizan y, en consecuencia, no generan derechos.

"Es error de gestión, un error de cálculo, que desembocó en una protesta sin precedentes en la historia de las fuerzas de seguridad en Argentina", opina el analista político Rosendo Fraga.

"El detonante es claro", continúa Fraga, que considera que "posiblemente la inusitada medida de rebajar los salarios ha sido un intento fallido de reordenar la anarquía salarial en la se encuentran estas instituciones, sin advertir las consecuencias".

El analista subraya el hecho de que la protesta ha sacudido precisamente a dos de las fuerzas de seguridad más cuidadas por el kirchnerismo, en especial Gendarmería, sometida al código de justicia militar, que contaba con 18.000 efectivos en 2003, cuando asumió la presidencia Néstor Kirchner, fallecido en 2010, y actualmente tiene unos 30.000.

"Es extraño y es un despropósito que el Gobierno no haya previsto la tensión que estaba generando en el seno de estas dos fuerzas por la arbitrariedad salarial que se venía incubando desde hace años", apuntaba hoy Fernando González en el diario "El Cronista".

También para el analista Fernando Roa "el Gobierno había previsto la quita salarial pero no la reacción de prefectos y gendarmes".

Entretanto, aumentan las voces que plantean la renuncia de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y piden que se acelere la respuesta del Gobierno.

"Esto es un reclamo meramente salarial, no político. Es un desbarajuste salarial imperdonable, han jugado con lo más sagrado, con la salud, con la vida de nuestros hijos, porque la ministra Garré su función la lleva a base de nuestros maridos, que los llevan y los traen y no le importa nada", denunciaba Sonia, esposa de un gendarme con 30 años de servicio.

"Garré tendría que haber renunciado porque la responsabilidad es de ella", opinó hoy el ex vicepresidente Julio Cobos en declaraciones a una cadena de radio.

A su juicio, es necesario "recomponer la cadena de mando" en las fuerzas de seguridad y "encontrar un mecanismo de diálogo" de las bases con sus superiores.

En la misma línea se pronunció el peronista disidente Francisco de Narváez, para quien "parece que hay un desprecio por las fuerzas de seguridad, la ministra Garré y el secretario Berni han fracasado y deben renunciar".

Entretanto, gendarmes y prefectos parecen dispuestos a continuar la protesta hasta conseguir garantías del Gobierno de que el salario mínimo no bajará de 7.000 pesos (unos 1.100 euros) en nómina y que no habrá represalias para los participantes en la movilización.