Escaladores de greenpeace despliegan una gran pancarta en el congreso contra la 'ley mordaza'

Activistas de Greenpeace iniciaron a primera hora de esta mañana una acción de protesta pacífica en el Congreso de los Diputados para mostrar su rechazo a la 'ley mordaza', que entrará en vigor mañana. Tres escaladores de la organización escalaron una grúa de construcción en la Cámara Baja y desde ella desplegaron una pancarta de 32 metros cuadrados con el texto "La protesta es un derecho".
Este 1 de julio entran en vigor las reformas de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y el Código Penal, que fueron aprobadas por las Cortes el pasado 26 de marzo con los votos favorables del Partido Popular.
"Esta ley carece de justificación, ya que no hay problemas graves de seguridad ciudadana en España", declaró Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace. "Está pensada para silenciar con multas las voces que critican la gestión del Gobierno y las consecuencias de la crisis social, ambiental y económica producto de la corrupción, los recortes sociales y de derechos, o la privatización de los servicios públicos".
Según Greenpeace, "el catálogo de nuevas infracciones que establecen las reformas señalan directamente las formas de protesta pacífica de algunos colectivos (activistas anti-desahucios, 'mareas ciudadanas', sindicalistas, afectados por las preferentes, etc.) pero que no suponen en ningún caso un peligro para la seguridad ciudadana. En la práctica, la nueva ley establece serias limitaciones a las libertades de expresión e información, de reunión pacífica y de asociación. Ello contraviene las obligaciones internacionales contraídas por el estado Español en materia de derechos humanos".
La 'ley mordaza' considera también un hecho sancionable el uso de imágenes que muestren las actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo que, según la ONG, "va en contra del derecho constitucional a la libertad de información y de la necesidad de contar con pruebas que permitan el control del cumplimiento adecuado de sus funciones".
"A partir de mañana serán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Ministerio de Interior quienes interpreten cómo debemos ejercer nuestros derechos de expresión y manifestación“, declaró Soto. ”Y dada la presunción de veracidad del testimonio de los miembros de la fuerzas de seguridad, se podrán atribuir conductas ilícitas a los ciudadanos sin que haya quedado probado que participaron en las mismas".