España sigue el caso de sacerdote español detenido en El Salvador

Madrid, 7 ago.- El Gobierno de España sigue con atención el caso del sacerdote español Antonio Rodríguez, detenido en El Salvador y a quien la embajada le está prestando asistencia consular, dijeron hoy a Efe fuentes del ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid.

Rodríguez fue detenido el 27 de julio por la supuesta introducción de objetos ilegales a pandilleros presos en las cárceles salvadoreñas.

El sacerdote acudió el pasado martes a una audiencia judicial en un tribunal salvadoreño, frente al cual se congregaron decenas de feligreses y miembros de organizaciones sociales portando pancartas y mantas con leyendas de apoyo al religioso.

Rodríguez, párroco del municipio de Mejicanos, cercano a San Salvador, dirige un programa de rehabilitación de pandilleros.

En una declaración institucional, las autoridades de Daimiel, su pueblo natal (en la provincia de Ciudad Real, centro de España), pidieron esta semana a las autoridades judiciales salvadoreñas que se respeten los derechos del sacerdote y al Gobierno salvadoreño que vele por integridad física del "padre Toño".

El padre del sacerdote expresó a Efe su sorpresa por su detención al explicar que su comportamiento siempre fue "correcto y justo".

"Lo único que deseamos es que nuestro hijo quede en libertad cuanto antes", dijo con lágrimas en los ojos el padre del religioso.

La madre del sacerdote, María del Carmen López, manifestó que su familia desea entrevistarse con el embajador del país centroamericano en España, Edgardo Suárez Mallagray, para que les informe de la situación en la que se encuentra su hijo.

Desean pedirle que "lo dejen inmediatamente en libertad", si "como se está demostrando" no hay ninguna prueba contra su hijo, añadió López.

Asimismo, dijo que la familia no descarta poner en marcha otras medidas, como convocar movilizaciones o comenzar una campaña de recogida de firmas en apoyo al religioso.

Antonio Rodríguez permanece detenido en la Dirección Central de Investigaciones (DCI) de la Policía Nacional Civil (PNC), después de que sus abogados se opusieran a que fuera trasladado al penal de Santa Ana tras haber pasado a disposición judicial.