"Estos terminan todos en la cárcel, necesitan un abogado de primera"

Las escuchas telefónicas de la Guardia Civil por las presuntas facturas falsas de la UGT-A recogen que distintos dirigentes del sindicato comentaron que el ex secretario general Manuel Pastrana y el extesorero Federico Fresneda"necesitan un abogado de primera" y "terminan todos en la cárcel".

Una de las escuchas interceptadas el 18 de diciembre de 2013 demuestra que Fresneda, ya imputado por el juez, realizó gestiones para que una amiga de su hija ingresara en un curso de aeronáutica pese a no tener la titulación requerida, después de que la joven le pidiera que "hablase con alguien para que no se lo pidan".

En otra escucha del 9 de enero pasado, la recién elegida secretaria general de la UGT-A, Carmen Castilla, recibe una felicitación por teléfono y se lamenta de que "la prensa pone que soy Susana Díaz" -en alusión a la presidenta andaluza- y añade: "Tiene cojones, con lo fea que es".

"Tú le ganas en todo", le responde su interlocutor, el saliente secretario general Francisco Fernández Sevilla.

Estos "pinchazos" fueron acordados cuando la prensa empezó a publicar sucesivas informaciones sobre el presunto desvío por parte de la UGT-A de fondos de formación que recibía de la Junta, lo que provocó en los dirigentes sindicales una actitud "recelosa y vigilante", según la Guardia Civil.

En sus sucesivos informes al juzgado la Guardia Civil indica que los afectados por los "pinchazos" sospechaban que tenían los teléfonos intervenidos, preferían reunirse en cafeterías y lugares públicos y el 28 de noviembre del 2013, una interlocutora preguntaba a Fresneda sobre una entrevistarse con su abogado y el extesorero le respondió "por teléfono no".

La Guardia Civil dice que esas personas "parecen estar efectuando una estrategia común para afrontar los hechos que los medios de comunicación social publican sobre este asunto, manteniendo numerosas reuniones en lugares públicos para asegurar que sus conversaciones no sean accesibles".

Germán Domínguez, exsecretario de Formación, dice en una de las conversaciones transcritas que Pastrana y Fresneda"necesitan un abogado de primera" porque "esta gente terminan todos en la cárcel. Y si no en la cárcel, seguro que les van a dar un sofocón bueno".

El 13 de diciembre del 2013 María Dolores Sánchez Montaño, encargada de compras de la UGT-A imputada por el juez, recibió una llamada de un tal Manuel al que le informó: "Sí, aquí estoy, que me va a dar un infarto, que tengo a la Junta esperando a que le mande un informe".

Según la Guardia Civil, las conversaciones demuestran que varias personas destacadas del sindicato apuntan a Fresneda como verdadero responsable de los hechos investigados, "lo que provoca que él mismo considere injusta la situación".Carmen Castilla: "Dicen que me parezco a Susana Díaz con lo fea que es"

El 14 de diciembre del 2013, un interlocutor comentó a Fresneda que había coincidido con Manolo -a quien los investigadores identifican como Manuel Pastrana, secretario general andaluz entre 1998 y 2013- y que se encontraba "depresivo porque la gente se le había quitado del medio".

Los informes de la Guardia Civil recogen otras intervenciones de las hijas de Fresneda, pues cuatro adolescentes declararon que la UGT-A les contrató durante los fines de semana para meter facturas de cuotas en sobres y lo hizo porque eran amigos de la hija del extesorero.

Según su testimonio, trabajaron en jornadas de ocho horas por una compensación entre 80 y 100 euros, por la que no firmaron ningún contrato ni les hicieron retención del IRPF.

La recién elegida secretaria general de la UGT-A, Carmen Castilla, según las escuchas de la Guardia Civil, recibe una felicitación por teléfono y se lamenta de que "la prensa pone que soy Susana Díaz" -en alusión a la presidenta andaluza- y añade: "Tiene cojones, con lo fea que es".
"Tú le ganas en todo", le responde su interlocutor, el saliente secretario general Francisco Fernández Sevilla."Si se demuestra que son culpables que paguen ante la justicia"

La actual secretaria general de la UGT de Andalucía, Carmen Castilla, ha asegurado hoy que si se demuestra que los ex secretarios generales del sindicato Manuel Pastrana y Francisco Fernández, y otros miembros de la anterior ejecutiva "son culpables que respondan ante la justicia".

En declaraciones a los periodistas, la dirigente sindical ha respondido en estos términos sobre el caso que mantiene imputados en el juzgado de instrucción 9 de Sevilla al extesorero de la UGT-A Federido Fresneda, a dos responsables de la contabilidad del sindicato y a trece empresarios "de confianza" que presuntamente se prestaron a emitir facturas falsas que luego el sindicato entregaba a la Junta para justificar las subvenciones para formación.

Varios testigos del caso de las presuntas facturas falsas de la UGT-A afirmaron que toda la Ejecutiva Regional cobraba sobresueldos de entre 900 y 3.000 euros mensuales pagados en parte con fondos de la Consejería de Empleo, y que el descuento que exigían a sus proveedores era conocido como "canon revolucionario".

Carmen Castilla, que ha recordado que no opina de los autos judiciales y que el gabinete jurídico del sindicato está estudiando el sumario, se ha comprometido a tomar en breve las "medidas oportunas".

Preguntada por la posible implicación de los ex secretarios generales, Manuel Pastrana y Francisco Fernández, en el denominado "canon revolucionario", ha sostenido que "si se demuestra que son culpables que respondan ante la justicia".Los trabajadores de UGT hablan ya de una contabilidad B

La Guardia Civil tomó declaración como testigos a varios trabajadores de UGT-A en el marco de la investigación por las presuntas facturas falsas del sindicato, uno de los cuales, destinado en el departamento de Contabilidad, aseguró que dentro de la entidad "existían dos realidades contables distintas, una la del departamento de Contabilidad y otra la del de Justificación".

Este testigo, identificado como F.M.A., explicó en su declaración ante los agentes que ello se debía a que el departamento de Justificación "era quien preparaba todos los documentos que se entregaban a la Junta para justificar los programas", una situación que "llevaba a que, con posterioridad, el departamento de Contabilidad tuviera que encajar ambas realidades, lo cual era muy complicado".

Según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, el trabajador añadió que "ello llevó a que en el año 2010 se intentara integrar ambas realidades, la contable y la presentada ante la Junta, a través de un software cuyo diseño se encargó a una empresa externa llamada en un principio Agaex y ahora Xtrem, la cual desarrolló" el programa 'Spiro', el cual "integraba la justificación, la contabilidad y los datos del departamento de compras".

El testigo explicó que su departamento dependía del exvicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-A Federico Fresneda y aseguró que "las instrucciones que los trabajadores recibían" del mismo "era intentar imputar a los programas la mayor cantidad de gastos", tras lo que pasó a referirse a la forma en la cual se distribuían los fondos recibidos de la Junta para formación.

En este sentido, precisó que las empresas entregaban a las federaciones del sindicato, a través de Soralpe, "un talón, sin que se conozca en concepto de qué se entregaban estos talones,", aunque "sí se trataba de una comisión por la adjudicación".El bote crecía de forma espectacular

Cuestionado por el 'bote', señaló que consistía en que "determinados proveedores de confianza, los cuales son señalados en todo caso por Fresneda, mantenían una relación con el sindicato, de manera que para justificar determinados gastos imputables a subvenciones, éstos emitían facturas al sindicato por servicios o mercancías que no se había realizado o servido realmente".

De este modo, "para establecer la diferencia real entre lo facturado y servido, el departamento de compras estableció lo que se dio en llamar el 'bote'", de manera que "se intentaba mantener un cierto control sobre dicha diferencia", aunque "llegó un determinado momento en que el 'bote' creció de manera espectacular".

Al hilo, aseveró que las facturas emitidas por los principales proveedores de UGT-A "llegaron a alcanzar cantidades muy importantes, de 150.000 o 180.000 euros", subrayando que "era conocido por todo el mundo que el concepto de las facturas no se correspondía con lo servido, pues luego había todo tipo de servicios". "El volumen que alcanzó esta práctica fue tal que escandalizaba a todo el mundo", agregó.

De hecho, "entre los propios trabajadores comentaban que esta práctica no podía continuar y que iba a explotar", por lo que "se le advirtió en varios ocasiones" al propio Fresneda.
Mordidas de hasta el 15%

En cuanto al 'rapel', aseguró que "todos los proveedores que contrataban con UGT-A debían realizar una serie de descuentos por 'rapel'", aunque "los porcentajes establecidos, que eran negociados por Fresneda, eran diferentes dependiendo de los proveedores", fluctuando entre un 3 y un 15 por ciento.

"Estos descuentos eran otra vía de ingreso del sindicato, de manera que al proveedor se le obligaba a realizar unos descuentos que no revertían a favor de la subvención recibida, sino que iba directamente a enriquecer a la organización", dijo el testigo, que subrayó que "todos los fondos recibidos" por ambos mecanismos "se dedican al funcionamiento del sindicato".

La UCO también tomó declaración a J.M.G., que trabajó tanto en el departamento de Contabilidad como en el negociado de Justificación, y que señaló que "la mayoría de los gastos estructurales de la organización regional, siguiendo las instrucciones" de Fresneda y de la también imputada María Charpín, "eran imputados a programas subvencionables". "El 100 por cien de los gastos de estructura de UGT-A, casi el 100 por cien de los gastos de personal, quedarían cargados a distintos programas por los que la organización recibe subvenciones", subrayó.

En esta línea, también hizo mención al "desajuste" entre el departamento de compras y justificación y el de contabilidad, lo que "provocó" que se desarrollase el programa contable Spiro "con el fin de coordinar ese desajuste", añadiendo que este "descuadre" se generaba al solicitar al proveedor "que emita una factura que sirva para justificar un gasto que deba serlo ante la administración en un determinado programa, sin que el servicio se haya prestado realmente".

Sobre el 'rapel', este testigo coincidió con el anterior en que "la factura emitida por el proveedor por el 100 por cien del gasto era imputada a un programa subvencionado, caso de ser un gasto subvencionable, pero en el momento que el proveedor devolvía una determinada cantidad, este descuento no se comunicaba a la administración".
Apuntan a Cándido Méndez

Asimismo, un tercer testigo, R.A.M., que fue secretario de Fresneda hasta el año 2006 y que también trabajó en el departamento de compras, manifestó que, al entrar en este departamento, "se encontró que existían unas hojas excel de gestión denominadas 'saldo de proveedores' a través del cual se gestionó una serie de saldos que se generaban como consecuencia de que determinados proveedores de confianza emitían facturas por servicios realmente no realizados o facturas que eran infladas artificialmente o eran directamente ficticias".

"La emisión de estas facturas generaba un saldo a favor del sindicato que debía ser gestionado adecuadamente, para lo cual se llevaban las hojas de cálculo mencionadas y, a partir de 2010, se desarrolló un software de administración denominado 'Spiro'", pero en esta aplicación "estas hojas denominadas 'saldo de proveedores' pasaron a denominarse 'gestión de botes'", llegando a ser los saldos a favor "muy importantes, sobre todo con determinados proveedores, con los cuales se llegaba a pactar la presentación de determinada información fiscal".
Este testigo señaló que el saldo del 'bote' "se utilizaba para afrontar gastos no justificables, como por ejemplo gastos de manifestaciones, viajes del secretario general o incluso habitaciones para Cándido Méndez", y aseguró que "todos los proveedores que quieren trabajar con UGT-A deben entregar a ésta un porcentaje que oscila entre el 3 y el 20 por ciento de todo lo servido".

Pastrana y Fernández Sevilla conocían la realidad

Según el testigo, Fresneda presentaba anualmente ante la Comisión Ejecutiva Regional un informe de compras "en el que detallaban los ingresos por rapel o comisión" y "cómo se iba a repartir ese ingreso", por lo que los exsecretarios generales Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla "eran perfectamente conocedores de esta financiación irregular".

Tras manifestar que "existían otros ingresos muy importantes en concepto de comisión, que eran las pagadas por constructores o promotores inmobiliarios que trabajaban para UGT-A", el testigo explicó que "otro sistema utilizado para burlar los controles era mantener siempre un mínimo de unidades de elementos de los supuestamente adquiridos con facturas falsas o 'engordadas', de manera que ante cualquier inspección de la administración siempre se pudiera mostrar alguno de estos elementos como muestra de su supuesta adquisición".
Este testigo no denunció antes los hechos "porque temía ser despedido de manera inmediata y necesitaba mantener su trabajo; además, no veía viable enfrentarse a una organización tan poderosa".