Europa Ciudadana pide más límites en la actividad privada de los expolíticos

Madrid, 27 abr.- La Unión Europea debe desarrollar para mejorar la transparencia de sus instituciones una regulación mucho más estricta del fenómeno del "revolving door", la incorporación de expolíticos o exfuncionarios a empresas con intereses en sectores en los que previamente han estado legislando.

Esta es una de las conclusiones del informe "Transparencia en la Unión Europea: evolución y perspectivas" que, publicado por el think tank independiente Foro Europa Ciudadana, denuncia que la falta de transparencia en las instituciones comunitarias aumenta la desconfianza de los ciudadanos hacia la UE.

El informe, elaborado por el presidente del grupo de reflexión y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, José Carlos Cano, propone que un funcionario comunitario no pueda participar ni directa ni indirectamente durante un período relevante de tiempo en nada en que haya participado en su calidad de miembro de la Comisión Europea.

Esta limitación implicaría, argumenta Cano en las conclusiones, un "punto de higiene" respecto de la ciudadanía, "muy susceptible ante situaciones que en ocasiones no son fácilmente comprensibles".

Según el profesor, la falta de transparencia en las instituciones europeas aumenta la desconfianza de los ciudadanos hacia la UE, donde "durante mucho tiempo no han existido mecanismos para articularla ni ninguna voluntad política para su aplicación".

Añade que, a pesar de que en los últimos años ha habido un importante cambio de mentalidad con la elaboración de documentos como el Libro Blanco de la Gobernanza Europea o la creación del Registro de Transparencia, "todavía hay mucho camino por recorrer".

En este sentido, propone, además de limitar temporalmente la actividad privada de expoliticos o exfuncionarios, eliminar las restricciones actuales para conocer quiénes son los receptores de las ayudas comunitarias (fondos estructurales, de cohesión y de la Política Agraria Común).

Según explica, en la actualidad las diferentes regulaciones nacionales permiten sólo un conocimiento parcial y disperso y, dado lo elevado de las cuantías de los fondos, puede generar controversia en la opinión pública.

Cano aboga también en el informe por que la inscripción en el Registro de Transparencia sea obligatoria para todas las entidades y personas que interactúan con las instituciones europeas durante el proceso de elaboración de las leyes, así como para las instituciones y agencias comunitarias.

A fecha 17 de abril de 2013, este registro, vigente para la Comisión y el Parlamento Europeo, contaba con 5.666 inscritos, de los que la mayoría son representantes "in house", aquellos que forman parte de una empresa respecto a la que representan sus intereses, con un total de 2.748.

Le siguen las ONG con 1.566 registros, los asesores profesionales con 635, los think tanks con 405, las organizaciones públicas o de carácter mixto que representan a autoridades municipales y regionales con 272 y las organizaciones eclesiales con 40.

El presidente del Foro Europa Ciudadana sugiere además que los eurodiputados estén sometidos a criterios de transparencia y aboga por que se haga pública periódicamente información sobre los contactos que han mantenido durante el proceso de elaboración de una iniciativa legislativa.

Concretamente, propone que tanto la Comisión como el Parlamento publiquen la relación de reuniones, solicitudes, consultas, opiniones y contribuciones presentadas en los procesos legislativos.

También que la redacción de los cuestionarios de las consultas de la Comisión Europea deberían ser más transparentes, especialmente en lo que se refiere a su formulación, ya que, según Cano, "no basta con preguntar de forma genérica y concreta, como sucede actualmente en numerosas ocasiones".