Euskadi, entre la esperanza y el dolor por el fin de la doctrina Parot

Elena Puerta

Vitoria, 21 oct.- El final de la doctrina Parot ha sido recibido con esperanza por el Gobierno Vasco y la mayoría de partidos en Euskadi, que esperan que conlleve cambios en la política penitenciaria que se aplica a los presos de ETA, mientras que las víctimas y formaciones como el PP y UPyD la han recibido con dolor.

Desde hace semanas el País Vasco esperaba el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y todo hacía prever que se confirmaría la condena a España por aplicar de manera "irregular" la llamada doctrina Parot a la etarra Inés del Río, miembro del comando Madrid condenada a más de 3.000 años de cárcel por 23 asesinatos, y que ahora deberá ser puesta en libertad.

A partir de este momento la Audiencia Nacional y las audiencias provinciales tendrán revisar una por una las condenas de más de 60 miembros de ETA, 6 de los GRAPO y unos 15 delincuentes comunes a los que se les ha aplicado esta doctrina.

Entre ellos habrá nombres tan conocidos como Domingo Troitiño, uno de los etarras de la matanza de Hipercor, Miguel Ricart, uno de los asesinos de las niñas de Alcàsser, y los llamados "violadores del portal", Pablo Manuel García Ribado y Antonio Barroso, encarcelados por más de 74 violaciones entre 1990 y 1993.

De hecho, los abogados de Inés del Río ya han anunciado que pedirán la "inmediata" puesta en libertad de 56 reclusos de ETA y han recalcado que no queda ningún margen jurídico para no aplicar el fallo.

El Gobierno Vasco también esperaba con esperanza esta sentencia y, al conocerla, tanto el portavoz Josu Erkoreka como el lehendakari, Iñigo Urkullu, han considerado que supone una "oportunidad" para iniciar una "reflexión compartida" sobre la política penitenciaria, que debe ser concebida como "una política de Estado para la paz".

El fallo, dictado un día después de que se cumpla el segundo aniversario desde que ETA proclamó el fin de su actividad armada, ratifica así la convicción del Ejecutivo vasco de que, además del desarme de la organización terrorista, deben darse pasos en la política penitenciaria para avanzar hacia la paz.

Por ello el PNV ha calificado de "justa y necesaria" esta sentencia porque se debía "adecuar la actuación extraordinaria de la Justicia española al umbral democrático que nunca debió sobrepasar".

Con más contundencia aún se han manifestado distintos miembros de la izquierda abertzale, que han convocado concentraciones en las capitales vascas para esperar desde las once de la mañana el fallo judicial que, al hacerse público, ha sido recibido con aplausos y gritos de "Euskal presoak etxera" (los presos vascos a casa).

Para las formaciones abertzales la sentencia "supone el fin de la política de excepción que se aplica a los presos políticos vascos", que deben ser puestos en libertad sin dilaciones o impedimentos.

También el PSE quiere que el fallo se aplique "sin subterfugios" y, aunque admite que las excarcelaciones pueden generar alarma social, cree que "éstas son las reglas del juego de la democracia".

Otros colectivos, partidos y sindicatos como Lokarri, EB y ELA han pedido asimismo la inmediata puesta en libertad de todos los afectados y que se les indemnice por los daños morales derivados del alargamiento de sus condenas.

En el polo opuesto se sitúan partidos como el PP y UPyD, que han tachado el fallo de "error" y de "bofetada a las víctimas" de ETA.

"Indignación", "rabia", "asco", "ira" e "impotencia" son algunas de las sensaciones que han vivido hoy damnificados por atentados de la propia Inés del Río, que no comprenden este fallo "a favor de terroristas, violadores, criminales y asesinos", como ha dicho Ángeles Pedraza, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

Sin embargo, colectivos vascos de víctimas de ETA como Covite e incluso la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han ido más allá y han denunciado la "falta de diligencia" de los legisladores españoles por no haber modificado con tiempo el Código Penal.

En cualquier caso, todas las víctimas ven con dolor que los asesinos de sus familiares puedan salir a la calle porque "la izquierda abertzale ha hecho bien sus deberes" en Europa y "el Gobierno de España no", como ha dicho la asociación de las FSE.

El Gobierno por su parte ya anticipa no obstante que cuando se produzcan las eventuales excarcelaciones de etarras no permitirá que se organicen actos en los que se humille a las víctimas y se enaltezca el terrorismo.