Euskadi tacha de "chantaje" las amenazas a funcionarios vascos por la extra

Vitoria, 30 nov.- El Gobierno Vasco ha calificado de "abuso" que "suena a chantaje" las amenazas del Ejecutivo central a los funcionarios vascos por la decisión de abonar la paga extra de Navidad.

El Gobierno de Patxi López ha respondido así en un comunicado al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, quien advirtió ayer a Euskadi que pagar la extra de Navidad "es ilegal" por lo que esta decisión "será recurrida ante el Tribunal Constitucional".

Además, advirtió de que el funcionario que decida abonarla "será sujeto a juicio del Gobierno" y "se le exigirá una responsabilidad" según recoge el Código Penal, "que lleva aparejada una suspensión especial de cualquier cargo público por un periodo entre siete y diez años".

Para el Gobierno Vasco, esta pretensión de "intimidar a funcionarios públicos para influir de forma ventajista en un conflicto jurídico y político" es "incalificable".

A su juicio, el Gobierno del PP pretende "compensar con autoritarismo y advertencias que suenan a chantaje la falta de criterio de muchas de las medidas" de recorte adoptadas que "con la excusa de reducir el déficit desmantelan conquistas sociales y recentralizan competencias de las comunidades autónomas".

"Son los riesgos de legislar desde La Moncloa, a golpe de decreto ley, en vez de hacerlo desde el Parlamento y escuchando a las demás partes", señala el Ejecutivo socialista de Patxi López.

El Gobierno Vasco explica que al decidir que se abone la extra de Navidad a sus 67.000 funcionarios "ha actuado con total responsabilidad".

Recuerda que en julio inició el procedimiento de recurso al Tribunal Constitucional en contra el real decreto ley sobre los recortes de Mariano Rajoy al entender que "vulnera competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma y por intentar aplicar una interpretación abusiva de lo que debe ser legislación básica".

Por ello, dice que ha decidido aplicar la Ley vasca de Presupuestos de este año, como han recomendado sus servicios jurídicos, medida que ayer rechazó Beteta al argumentar que "no cabe escudarse en ninguna norma de otra naturaleza para poder esquivar el cumplimiento de la Ley".

El Ejecutivo vasco, por contra, señala que "si el Gobierno del PP no está de acuerdo con esta postura, hará bien en recurrir al Tribunal Constitucional para que arbitre en esta disputa competencial", pero entiende que supone un "abuso" tratar de imponer sus tesis "mediante amenazas fuera de lugar contra funcionarios".

El Gobierno Vasco agrega que otras instituciones han decidido utilizar "vías más sinuosas" para no cumplir el decreto y pregunta al Ejecutivo central si también va a aplicar el Código Penal contra los responsables institucionales y los funcionarios de otras administraciones que sortearán la supresión de la paga de Navidad adelantando la de julio.

"¿Va a considerar que es prevaricación las fórmulas anunciadas en Navarra, Extremadura o Bizkaia y que califica de fraude de ley?", concluye.

También el sindicato Erne, mayoritario en la Ertzaintza, ha instado a la fiscalía a que estudie las "amenazas o coacciones" de Beteta a los funcionarios ya que a su juicio están tipificadas en el Código Penal.

Recalca que estas actitudes son "inadmisibles" y recuerda que los funcionarios vascos ya han sufrido recortes de salario a través de la Entidad de Previsión Social Voluntaria Itzarri de unos 1.000 euros de media en 2012, algo que no ha ocurrido con otros funcionarios, por lo que exige que ese dinero sea devuelto este año.