La magistrada citó inicialmente a declarar al exconsejero Antonio Fernández el pasado día 10 de mayo, aunque Fernández no compareció después de que su abogado pidiera el aplazamiento alegando que estaba citado el 17 de mayo por la comisión del Parlamento andaluz que investiga las ayudas a los cursos de formación, comisión en la que defendió que el caso de las ayudas a la formación para el empleo en Andalucía no es más que "un 'bluf'" generado por el "nerviosismo de los interventores".
Fuentes del caso han informado de que, en su comparecencia, el exconsejero ha indicado que, en el momento en que le pasaban los expedientes de estas subvenciones excepcionales para su firma, dichos expedientes "habían cumplido todos los trámites", estaban "perfectamente justificados" y contaban además con todos los informes técnicos oportunos, entre ellos el informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía.
En este sentido, ha precisado que la Intervención General "no planteó ninguna duda en relación a la oportunidad y necesidad" de conceder estas ayudas, añadiendo además que desconocía que 33,3 de los 105 millones concedidos dentro del dispositivo de ayudas a Delphi impulsado por la Junta fueran para empresas del exconsejero Ojeda.
"PERFECTAMENTE AMPARADOS EN LA LEGALIDAD"
En este marco, el abogado de Ojeda le ha preguntado si habría puesto algún tipo de reparo en caso de saber que las ayudas eran para el exconsejero de Hacienda, pero Antonio Fernández ha dicho que no porque los expedientes vinculados a esas ayudas formativas "venían perfectamente amparados en la legalidad".
La juez María Núñez también había citado a declarar este martes como testigos, aunque dentro de la pieza que afecta al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), al ex interventor general de la Junta de Andalucía Adolfo García Fernández y a la interventora de la Junta en la provincia de Sevilla, Victoria López Gutiérrez, aunque ésta última no ha comparecido por enfermedad.
Cabe recordar que la instructora ya ha tomado declaración con anterioridad también como testigos a los interventores de la Junta en las otras siete provincias andaluzas, que coincidieron en señalar que tan sólo apreciaron irregularidades administrativas y que si hubieran observado indicios de delito lo hubieran denunciado.
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