Exfuncionario emplaza a Patiño a explicar acusación de falsificación

Quito, 3 sep.- El expresidente de la Comisión Técnica Presidencial de la Nueva Arquitectura Financiera Regional de Ecuador Diego Borja emplazó hoy al canciller, Ricardo Patiño, a explicar la acusación de incluir firmas falsas para el registro electoral con miras a los comicios de 2013 en Ecuador.

En rueda de prensa, Borja calificó hoy como arbitrarios, falsos y calumniosos los señalamientos de la Cancillería y adelantó que deberán ser probados, incluso, en los tribunales.

El pasado sábado, la Cancillería publicó en su web que en "cumplimiento con una disposición presidencial", Patiño, "despidió" a Borja, "por la participación de su movimiento político (el Frente del Poder Ciudadano) en el caso de la inclusión de firmas falsificadas para su inscripción electoral".

"Hemos retirado a Diego Borja del gobierno. Su manejo irregular en entrega de firmas para inscripción al CNE nos obliga a tomar esta decisión", escribió Patiño el mismo día en su cuenta de Twitter en referencia al funcionario, que fue Presidente del Directorio del Banco Central.

Borja es actualmente secretario económico de la Alianza Bolivariana para los Países de Nuestra América (ALBA) y hoy indicó que en los próximos días enviará una carta a los presidentes de esa entidad para anunciarles su renuncia a ese puesto.

Al momento, el Consejo Nacional Electoral (CNE) verifica la totalidad de las firmas que ha recibido para el registro electoral de los partidos y movimientos, después de que una revisión parcial revelara anomalías en numerosas rúbricas.

Según Borja, el CNE no ha iniciado aún la revisión de la totalidad de las firmas de su movimiento y "ya Patiño se adelanta a decir que hay firmas falsificadas", comentó.

"Si es que él (Patiño) tiene información privilegiada, tiene que decirle a la ciudadanía cómo así el Consejo Nacional Electoral le facilita información a él y no al resto de los actores políticos", agregó.

"Qué corona tiene el señor Patiño que recibe la información privilegiada y, si no es así, lo que él ha hecho es una calumnia porque esto está en la página oficial de la Cancillería y aquí nadie puede estar por encima de la ley", apuntó.

Según Borja, el año pasado el "Frente del Poder Ciudadano" recogió cerca de 300.000 firmas para apoyar la reinscripción del movimiento oficialista Alianza País (AP).

Sin embargo, posteriormente terminó la alianza entre ambas agrupaciones y este año el movimiento que dirige presentó al CNE más de 400.000 firmas para registrarse de forma independiente.

El pasado jueves, Fander Falconí, Secretario Ejecutivo encargado de AP, solicitó al CNE la exclusión de 271.245 firmas de su registro de adherentes, que fueron entregadas a AP por Borja, según dijo.

Borja vio "mala fe" en esa medida, pues ahora "que se conoce que el Movimiento País también tiene firmas falsas, vi inmediatamente la intención de endilgarnos a nosotros las firmas falsas del Movimiento País", apuntó.

Para que un partido o movimiento pueda presentar candidatos a las próximas elecciones presidenciales y legislativas en Ecuador, que tendrán lugar el 17 de febrero de 2013, necesita reunir alrededor de 158.000 firmas.

La Fiscalía ha recibido más de 73.000 denuncias en todo el país por supuesta falsificación de firmas para la inscripción electoral y hasta el momento hay tres personas detenidas, según el titular de la entidad, Galo Chiriboga.

El pasado viernes, Borja anunció en una entrevista con el periódico electrónico Ecuadorinmediato su renuncia al cargo al frente de la Comisión de la Nueva Arquitectura Financiera Regional de Ecuador, que se ocupa de las iniciativas de integración económica en América Latina y que dirigió desde el 10 de noviembre.

Sin embargo, la Cancillería informó el sábado de que había sido "despedido".

Al considerar que tiene rango de ministro, Borja señaló hoy que su despido debe darse por un decreto y no por una carta de un funcionario de menor rango.

Borja considera que su grupo político era ya "una pieza incómoda" para el Gobierno, pues habían señalado "algunas distorsiones" de la Revolución Ciudadana, como la actual administración denomina a su proyecto político.